The Economist publicaba recientemente en la sección Leaders el artículo America should get rid of oppressive job licensing, con el antetítulo Licence to kill competition, suficientemente gráfico y directo. Su argumentario se sitúa en EE.UU. donde describe a sus mercados laborales como excesivamente regulados pues refiere que el 22% de los trabajadores requieren licencias frente al 5% que las necesitaban en 1950. Dentro de las actividades menciona a los médicos, dentistas y abogados, acusados especialmente de beneficiarse con mayores ganancias de su regulación «que impide a los competidores menos cualificados proporcionar incluso servicios básicos» y que, por supuesto, esta falta de competencia «es un impuesto para todos los demás». A la vista de ello, es interesante realizar una serie de consideraciones al respecto si extrapolamos esta filosofía al ámbito nacional y europeo.
- «Emitir recetas o redactar documentos legales» también son actos profesionales
En uno de los pasajes, defiende que «las tareas como emitir recetas o redactar documentos legales rutinarios, rara vez requieren años de costosa educación de posgrado. Incluso pueden ser mejor hechos por un especialista que tiene menos cualificación formal». Una concepción que choca frontalmente con la esencia de profesión colegiada basada en el acto profesional. Esto es, aquel que comprende el control deontológico y disciplinario, la independencia de criterio o autonomía facultativa, y la responsabilidad.
Emitir una receta o redactar un documento legal, por sencillo que pueda parecer, no son meras compraventas de servicios sino prestaciones bajo el esquema de acto profesional, como otras tantas realizadas por las profesiones colegiadas, que afectan singularmente a los derechos fundamentales de las personas y que, en caso, de mala praxis debido a un menor control del ejercicio o no tener la formación adecuada pueden tener consecuencias no deseables o irreparables.
También sugiere que los profesionales de la enfermería podrían operar en atención primaria al mismo nivel que los de medicina, pero que, si esto no ocurre es debido a las restricciones que existen en EE.UU. y que favorecen «el privilegio» de estos últimos. Una interpretación cuanto menos discutible pues, sin entrar en otros matices, la articulación del acto profesional de la medicina y la enfermería es diferente, y, en todo caso, ambos son necesarios tanto de manera individual como complementaria.
- Los colegios profesionales no pueden abrir la puerta al intrusismo
El artículo admite cuando los compradores no pueden valorar la calidad que «es posible» que el Estado intervenga a través de las colegios profesionales con la autorregulación de las profesiones. Sin embargo, arguye que los colegios son los que deciden las «prácticas legales» y tienden a excluir a aquellos que no son de la profesión al poner el ejemplo de los colegios de abogados.
De nuevo, una afirmación que se da de bruces con la naturaleza de las profesiones colegiadas al dar a entender que los colegios profesionales en lugar de perseguir el intrusismo en sus profesiones, debían, sino desaparecer, ampliar su marco de cobertura a aquellos que realizan determinados servicios de forma supuestamente satisfactoria sin ser de la profesión.
Un camino que irremediablemente acabaría por dañar la confianza de la sociedad en los buenos profesionales, afectaría de forma negativa a la competitividad de la economía y, sobre todo, al bienestar de las personas, fin último de las profesiones colegiadas. Solo entonces, esta situación sí sería más que un impuesto que una sociedad no debiera admitir.
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