#ApunteEconómicoUP: Sobre la visibilización y uso de la riqueza pública

Como es costumbre, en el repaso de cuestiones económicas tales como la medición y uso de la riqueza de un país, es posible hallar posturas antagónicas que merece la pena considerar para tener un mejor punto de referencia en la tarea de análisis. Recientemente podemos referirnos a dos perspectivas: una, más heterodoxa, que apuesta por un método diferente y más amplio en la medición de la riqueza de un país en el que se deberían ponderar los recursos públicos; y otra, más ortodoxa en su presentación, que aboga por la explotación de los activos públicos, ocultos para la medición económica, para que sean autosuficientes y generen sus propios ingresos. En ambas, se parte de que la riqueza pública no está visibilizada; su diferencia, en cómo interpretarla y aprovecharla. 

Ampliar el concepto de riqueza en su medición 

A través de una mirada heterodoxa de la economía, Laurie Macfarlane, miembro asociado del Instituto para la Innovación y el Propósito Público en el University College de Londres, presenta en un artículo su crítica a la medición de la riqueza nacional. A su parecer, actualmente «algo solo puede convertirse en un activo una vez que se ha convertido en propiedad». Una propiedad que suele estar asociada al poder en manos privadas y que se refleja en los principales indicadores económicos. En consecuencia, cuando pretende calibrarse la riqueza de un país, se encuentra «sesgada hacia la mercantilización y la privatización, y en contra de la socialización y la provisión universal». De algún modo, la riqueza pública queda invisibilizada. Como ejemplo, sostiene que las pensiones privadas se suman como un componente más de la riqueza según la OCDE, mientras que las pensiones públicas no son contabilizadas en este concepto de riqueza aún cuando estas pueden ser superiores a las privadas. Por ello, aboga por una visión crítica y no conformista con la ideología que pueda estar detrás de las métricas económicas y la evaluación de las políticas. 

Una perspectiva a considerar siempre que no suponga introducir unos sesgos ideológicos que se contrapongan a otros, sino que la medición de la riqueza se obtenga gracias una mayor visión holística de lo que supone en una economía, una sociedad, y se realice con la mayor solidez estadística. 

Rentabilizar los activos públicos 

Por su parte, con un enfoque más ortodoxo de la corriente económica que emana del Consenso de Washington, Dax Detter, ex director del Ministerio de Industria de Suecia y autor del libro The Public Wealth of Cities (Brookings Institution, 2017), construye un argumento que pretende visibilizar y rentabilizar el potencial económico de los activos públicos de un país. De hecho, de acuerdo a un informe del 2018 del Fondo Monetario Internacional (FMI), los activos públicos suponen el 219% del PIB en el 61% de la economía mundial. 

De tal manera, para el autor la gestión profesional e independiente de estos activos como aeropuertos, recursos financieros, metro, empresas públicas o edificios... «podría generar más ingresos anualmente que los impuestos corporativos —a empresas—». Su debate se sitúa en bifurcar la propiedad de los activos que posee una administración, de su gobernanza, para que sea privada y, conforme se infiere, más eficiente. El resultado de aplicar esta política de gestión redundaría en una mayor sostenibilidad y autosuficiencia de las finanzas públicas a su juicio. Una iniciativa que ya ha sido empleada en países como Singapur o Hong Kong. 

La sugerente propuesta en un momento en el cuál el sostenimiento del conjunto de los activos y de prestaciones públicas genera una intensa controversia, también requiere un análisis previo. Especialmente, sobre dos cuestiones: la primera, en relación a cuando da a entender que la gestión pública de los activos de una administración tiene a ser errática y deficiente frente a la privada, más efectiva y maximizadora de ingresos. Una lectura que no puede asumirse como tal sin un estudio pormenorizado de contextos, casos y matices en cada tipo de activo y servicio público para obtener su mejor proceder. Y la segunda cuestión, vinculada a la primera, es que llevado este modelo al extremo, el diseño futuro de los activos públicos estaría más condicionado por las peticiones de los gestores privados que a la petición de la sociedad a quién se da servicio público y es la razón de ser de estos.

Más debates añadidos y papel de las profesiones  

En cualquier caso, también se puede apuntar un debate tangencial más profundo sobre la mejor provisión de los servicios públicos. Desde el punto de vista del derecho administrativo y del derecho de la competencia supone una distorsión que, por ejemplo, existan empresas de titularidad pública con gestión privada que intervengan en el mercado, pues compiten con mayores recursos que los agentes privados y, de otro lado, las administraciones pierden el control sobre la gestión de los servicios públicos que pretenden ofrecer a la sociedad, lo que no siempre es deseable. 

Dicho esto, en el camino de lograr una correcta y deseable gestión de los activos y servicios públicos, independientemente de que sea pública o privada, las profesiones colegiadas juegan un papel fundamental pues introducen su criterio técnico e independiente que ha de sobreponerse o, al menos, considerarse junto con las voluntades políticas y los datos meramente cuantitativos no evaluados o sesgados.

#ApunteEconómicoUP: Las profesiones lideran el gasto en I+D en el 2017

Si se quiere observar cuál es el grado de avance y competitividad de una economía, uno de los focos de atención ha de dirigirse al gasto en I+D. En el año 2017 nuestro país destinó 14.051,6 millones de euros al desarrollo de I+D que supone un crecimiento del 6,0% sobre el 2016. Ello se traduce en un 1,20% del PIB, una centésima más que el año anterior, pero lejos del máximo del 1,40% alcanzado en el 2010 de acuerdo a la publicación de la Estadística de Actividades de I+D del Instituto Nacional de Estadística (INE). En cualquier caso, son datos que sitúan a España aún rezagada en relación con los principales países de nuestro entorno que se mueven en porcentajes en torno o superiores al 2% del PIB según los datos del Banco Mundial. No obstante, conviene contemplar más en detalle la estadística del INE pues hay algunas evoluciones sectoriales interesantes y, especialmente, en las profesiones. 

• Un tercio del gasto total empresarial en I+D 

A nivel empresarial el gasto en I+D llegó a 7.717,4 millones de euros con un avance anual del 8,30%. Las categorías más vinculadas que conformarían el subsector de servicios profesionales desembolsaron un gasto de 2.298,2 millones de euros con un aumento casi calcado del 8,29%. De este modo, el ámbito empresarial de las profesiones realizó el 29,78% del gasto total en I+D, ciertamente estable en los últimos años, y si solo nos remitimos al sector servicios este porcentaje se alza hasta el 60,79% lo que convierte al subsector de los servicios profesionales en el más relevante en esta materia de gasto. Si descendemos, vemos alguna diferencia entre las dos categorías principales: por un lado, las actividades profesionales, científicas y técnicas hacen el grueso de este gasto con 2.219,9 millones de euros y un incremento del 6,43% sobre el 2013. Mientras, las empresas dedicadas a las actividades sanitarias y de servicios sociales con un gasto este año de 78,7 millones de euros acumulan una caída del gasto en I+D del 13,51% desde el 2013. Otros sectores relevantes que también efectúan un gasto significativo son información y comunicaciones con un 10,49%, la industria farmacéutica con un 9,04% y programación y consultoría con un 7,63%. 

• Menos mujeres dedicadas al I+D, pero mayoría en actividades sanitarias y sociales 

Por otro lado, es de especial consideración el personal dedicado al I+D en las empresas al tratar de investigadores, técnicos y auxiliares. Así, en el año 2017 hubo 137.057 personas en empresas dedicándose al I+D de las que solo 41.288, el 30,12%, son mujeres. En el caso del subsector de los servicios profesionales la situación, a pesar de ser mejorable, es más positiva e igualitaria con 14.711 mujeres de las 39.082 personas que se dedican al I+D, un 37,64%. De hecho, en las actividades sanitarias y de servicios sociales de las 2.860 personas dedicadas al I+D, el 62,87% son mujeres, 1.798. Mientras, en las actividades profesionales, científicas y técnicas, este porcentaje es del 35,65% con 12.913 mujeres sobre las 36.222 personas que realizan actividades de I+D en estas empresas. 

• Las ciencias médicas lideran el gasto en I+D en el sector público 

A nivel de las administraciones públicas la estadística también arroja datos interesantes. Como ejemplo, se dedicaron 882,03 millones de euros al gasto en I+D en las ciencias médicas, el 35,35% de todo el gasto público en esta cuestión. Muy seguidas, estuvieron la ingeniería y tecnología con 630,7 millones de euros, con un 25,28% del total. Asimismo, en términos de personal, de las 58.497 personas dedicadas al I+D en el ámbito público, 31.610 fueron mujeres, el 54,04% lo que contrasta con el sector privado. De este modo, en las ciencias médicas el porcentaje de mujeres fue del 61,17% del total, mientras que en ingeniería y tecnología baja hasta el 40,30%.

#ApunteEconómicoUP: El Nobel de Economía 2018 y su relación con las profesiones, el conocimiento y el medioambiente

William D. Nordhaus y Paul M. Romer recibieron el pasado 8 de octubre el Nobel de Economía otorgado por el Banco de Suecia en honor a Alfred Nobel. Un galardón concedido por sus significativas aportaciones acerca de cómo lograr un «crecimiento económico sostenido y sostenible a largo plazo» según afirma la entidad sueca. En el caso de Nordhaus, al estudiar la relación entre la economía y la naturaleza, y de Romer, al describir y ponderar el papel del conocimiento en el crecimiento económico. 

• CONAMA, ODS y profesiones colegiadas 

Al focalizarnos en las investigaciones de Nordhaus, cuyos modelos de análisis examinan la interrelación de la economía y el clima, así como cuestiones de política climática con la imposición al carbono, implica un gran interés en el ámbito de las profesiones colegiadas por diversas razones. Entre ellas, la próxima celebración de la 14ª edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) del 26 al 29 de noviembre que contará con una actividad especial por parte de Unión Profesional (UP) que abordará La labor de los Consejos y Colegios Profesionales en la consecución de los ODS climáticos. 

Una acción enmarcada también en la participación de UP en el Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030: Hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible. Con esta actuación se subraya el compromiso de las profesiones por incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas en los valores del ejercicio profesional y en la cultura colegial, que ya viene desde hace años. 

Si nos remontamos a la anterior edición del CONAMA en el 2016, UP presentó el estudio titulado Peak Stuff: ¿puede el desarrollo económico consumir menos recursos naturales físicos? que analiza «el vínculo entre el consumo de recursos naturales en la fabricación de bienes y servicios y el desarrollo económico en España». Así, se demostraba que a partir de un determinado nivel o punto de inflexión suficientemente avanzado de la economía de un país, se comienza a emplear menos recursos naturales físicos. Y, precisamente, en ese tránsito, se observa un impacto de las profesiones en su contribución a la optimización y consumo sostenible de los recursos. 

• Conocimiento y progreso tecnológico 

Por su parte, del trabajo de Romer se puede destacar que «las ideas son diferentes a otros bienes y requieren condiciones específicas para prosperar en un mercado». Su contribución se focaliza en la teoría del crecimiento endógeno en contraposición a los modelos de crecimiento neoclásicos donde el progreso técnico es una variable exógena dada y la única capaz de generar más crecimiento pues la intervención de la política económica a largo plazo no influye. 

Mientras, en la teoría endógena se contempla cómo las condiciones del capital humano o la innovación fomentan a través del conocimiento un crecimiento económico más deseable y sostenido. Y es ahí, donde las profesiones juegan un papel fundamental. Por ejemplo, solo en España el subsector de servicios profesionales generó, a nivel empresarial, el 17,2% del gasto en innovación tecnológica y el 29,8% en el gasto en I+D en el 2016 a partir de los datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE).

#ApunteEconómicoUP: ¿Afecta ya la desaceleración económica a las profesiones?

En las últimas semanas, diferentes instituciones nacionales e internacionales han actualizado sus previsiones económicas para diferentes países, incluido España. Las líneas generales coincidentes apuntan a una moderación en el avance del PIB por debajo del 3% producido entre otros motivos, por una pérdida de ritmo en la creación de empleo, que a su vez arrastra al consumo privado, el cual supone casi dos tercios de nuestra economía. A ello, se añade la escalada arancelaria de fondo entre EE.UU. y China que, por sus efectos interrelacionados con el resto de países, se empieza a notar en la demanda de los mercados exteriores; por ejemplo, China importa muchos factores productivos a otros países de su entorno que después ensambla en su territorio. Todo, junto con una subida en los últimos meses del precio del petróleo que repercute en la formación de los precios. 

Para el Banco de España, que ha revisado a la baja sus proyecciones macroeconómicas para España en el periodo entre el 2018 y el 2020, recomienda además de corregir el elevado endeudamiento público, aplicar una agenda reformista en los mercados de factores y productos. En esta línea, se muestra la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que vuelve a señalar incluso que «reducir aún más las barreras en los sectores de servicios traería aumentos de empleo y productividad». Mientras, el Banco Central Europeo sitúa al crecimiento de la eurozona por debajo del 2% ya en el 2019 por la debilidad del comercio mundial y la escasez de mano de obra. 

• Factores externos: menor demanda exterior de servicios y apreciación del euro 

Uno de los principales motores de crecimiento de la economía española son las exportaciones cuando la demanda interna se estanca. Durante la fase más aguda de la crisis, esta búsqueda de mercados exteriores incentivó la inversión, que se tradujo en más empleo y, finalmente, en una recuperación del consumo. Ahora, nos encontramos en un escenario inverso de freno en este motor comercial que para las profesiones se empieza también a acusar. 

Según la Encuesta de Comercio Internacional de Servicios publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) durante el segundo trimestre de este año los servicios técnicos, entre los que se encuentran los de arquitectura e ingeniería, experimentaron un retroceso del 6,7% anual en las exportaciones. A falta de mayor detalle, si nos remitimos a los últimos años, los países de la eurozona solo suponen el 36,1% en millones de euros del destino exportador de la partida de servicios empresariales, donde se incluyen buena parte de los servicios profesionales de mercado. Para los servicios técnicos, de hecho, es incluso inferior con un 30,5%. 

Además del debilitamiento de los flujos comerciales mundiales, también hay que considerar el tipo de cambio que puede hacer más atractivos o no nuestros bienes y servicios; pero en los últimos meses, la apreciación del euro frente al resto de divisas podría estar pesando algo más en la decisión nuestros socios comerciales fuera de la eurozona. No obstante, la partida de consultoría y gestión empresarial, a pesar de reducir su ritmo anual de exportaciones en los últimos trimestres, creció el 12,5% en el segundo de este año. Si bien, el destino de sus exportaciones se destina en un 48,9% hacia los países de la eurozona y evita más el efecto del tipo de cambio. 

• Factores internos: más estabilidad en empleo y facturación 

En el ámbito doméstico el comportamiento de las profesiones presenta rasgos más sólidos hasta ahora si atendemos a los niveles de facturación y empleo. Los datos de afiliación del mes de agosto presentaron un balance consistente con los últimos años en el subsector de servicios profesionales. Incluso, su ritmo anual de creación de empleo es muy superior, con un 4,60% anual en agosto, al del conjunto de la economía con un 2,89%. anual. En cualquier caso, sí es cierto que desde marzo, estos porcentajes se han ido moderando. 

Entre las excepciones más significativas se encuentran los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería con un incremento de afiliación anuales creciente cercano al 7% gracias al repunte del sector de la construcción. Y también, rozando casi el 8% anual más de afiliación la categoría de servicios sociales sin alojamiento, es decir, los servicios prestados de asesoramiento, bienestar social y orientación a personas mayores o discapacitadas en su domicilio. Un dato que invita a reflexionar también. 

En cuanto a los niveles de facturación de los servicios profesionales de mercado, el balance agregado también soporta, por el momento, cierta serenidad pues los datos corregidos de efecto estacional y de calendario se muestran con un 11,5% anual, por encima del conjunto del sector servicios con un 7,0% anual.

#ApunteEconómicoUP: Una década de la caída de Lehman Brothers, algún aprendizaje y reconocimiento para las profesiones

Too big to fail... Es el dogma en el que creía el mundo financiero y, de paso, el resto de los mortales justo antes de la caída del gigante banco americano, Lehman Brothers, el 15 de septiembre del 2008 que supuso el detonante principal de la Gran Recesión que vino después, con un hundimiento de la actividad económica mundial que no se producía desde la Segunda Guerra Mundial y los años 30 con la Gran Depresión. 

• ¿Cómo llegamos a esto?

Si nos remontamos al 9 de agosto del 2007 encontramos el primer signo serio de alarma de que algo no iba bien y la fiesta había terminado. El banco francés BNP suspendió tres fondos de inversión ligados a hipotecas, y puso de manifiesto el núcleo del problema: las hipotecas subprime, o de alto riesgo, concedidas por la banca a aquellos clientes de menor solvencia y mayor riesgo de impago con el objetivo de generar más beneficios. Los intereses de estas hipotecas eran más elevados y las mismas eran titulizadas en partes para configurar productos de inversión de gran opacidad que ofrecían, en consecuencia, rentabilidades más altas cuya garantía de fiabilidad era inflada por las agencias de calificación en connivencia con la banca. 

Años atrás, con la explosión de la burbuja puntocom en el 2000, se bajaron los tipos de interés y se inyectó liquidez para activar la economía. Gran parte de ese estímulo se destinó, gracias a una regulación ciertamente permisiva, a fomentar la compra inmobiliaria residencial dando como resultado una escalada en los precios de la vivienda que parecía infinito y cuyo auge se produjo entre el 2005 y el 2006. Con los primeros signos de inflación, la Reserva Federal inició la subida de los tipos de interés en el 2004 y la presión en las cuotas de esas hipotecas basura empezó a generar una ola de impagos y de desempleo ante la reducción del consumo y la menor confianza. 

Lehman Brothers no fue más que el icono paradigmático de esta ingeniería financiera y la onda expansiva de su derrumbe se progagó al resto del mundo que, en mayor o menor medida, había aplicado la misma receta. Hoy parece existir un mayor consenso en que dejarlo caer no fue lo adecuado, más bien se trató de un experimento de resultados no suficientemente calculados, para concluir que fue la excepción que confirma la regla: hay entidades sistémicas cuyo volumen e interrelación con el resto difícilmente pueden desaparecer o al menos, dejarlas caer de un plumazo, por encima incluso del concepto de riesgo moral. Por ello, la regulación se convierte en el instrumento más potente para prevenir este tipo de situaciones antes de llegar al rescate. 

• Más independencia de criterio, más reconocimiento a la labor profesional 

Recordar lo sucedido y el contexto de este periodo se antoja vital. 10 años después nos encontramos ante un escenario con algunas señales que nos recuerdan el caldo de cultivo que propició la crisis (sobre las que profundizaremos en próximas entradas). Por ejemplo, un periodo demasiado prolongado de bajos tipos de interés con excesiva liquidez, un repunte en la concesión de préstamos hipotecarios y cierto sobrecalentamiento en el nivel de precios de la vivienda y el alquiler en los principales núcleos urbanos de nuestro país. Dinámicas que se repiten y justifican también a nivel discursivo en la calle. Sin embargo, hay algunas diferencias, entre ellas, que la dimensión de dichas dinámicas todavía no es tan relevante a nivel agregado y existe una regulación y práctica bancaria más sólida en cuanto a provisiones y valoración de riesgos. En cualquier caso, aún no es suficiente, pues «se está todavía lejos de poder controlar todo el perímetro de instrumentos financieros que se crean cada día» reflexiona el economista, Santiago Carbó. 

En todo este universo y época las profesiones han jugado un papel a considerar en muchos sentidos. Por un lado, el ejercicio por cuenta ajena de muchos profesionales fue alterado e intervenido al conminarles desde los órganos de dirección a prácticas que si bien, no eran ilegales, sí iban en contra del interés general de muchos usuarios. Basta mencionar a economistas que operaban en la banca y vendían productos no adecuados al perfil de los clientes a través de publicidad engañosa o, al menos, confusa. Todo con una fuerte presión laboral para cumplir objetivos de venta. Por ello, más allá de que la mala praxis o proceder fuera consciente en algunos casos, hoy sigue siendo necesario reforzar, como ya sucede desde las organizaciones colegiales, tanto el control deontológico como la independencia de criterio profesional en el ejercicio por cuenta ajena para evitar ciertas situaciones de perjuicio a los clientes y pacientes. 

Pero también cabe reconocer la entrega de los profesionales de todas las áreas que contribuyeron y contribuyen a mejorar el nivel de bienestar de la sociedad a través de la prestación de sus servicios siempre basados en su mejor criterio y asesoría en cuestiones de índole sanitaria, social, docente, técnica, jurídica, económica y científica. Más que nunca, el acto profesional debe defenderse como garantía del interés general de los ciudadanos frente a las inevitables fluctuaciones de los ciclos económicos y las regulaciones no responsables ni deseables.

#ApunteEconómicoUP: Más allá de la información asimétrica: cómo nos puede interpretar el profesional

La realidad no deja de ser una fuente ilustrativa de situaciones que nos permiten analizar las diferentes dinámicas socioeconómicas y que, para nuestro caso, se centra en los servicios profesionales. Para muestra, recientemente el Juzgado de Primera Instancia 31 de Barcelona declaró la nulidad de una clausula multidivisa de una hipoteca ofrecida por Caixabank. El motivo, la insuficiente información que fue suministrada a los clientes, justificada desde la entidad bancaria por el elevado nivel cultural y económico mostrado: una pareja de neurocirujanos. Con todo, la sentencia sostiene que «entre las partes existía un manifiesto desequilibrio que debía suplir la entidad ofreciendo información puntual». A bote pronto, el primer análisis arroja un diagnóstico en el que, de nuevo, la asimetría de información ha sido explotada por el banco en detrimento de los clientes. No obstante, el diagnóstico es más complejo de lo que podría parecer y hay evidencias estudiadas al respecto sobre su aparición. 

Como es evidente, la asimetría de información tan característica entre el profesional respecto al cliente o paciente es muy acusada. Ante ello, la creencia popular y también determinados análisis económicos defienden que esta situación puede ser mitigada e incluso solventada si el usuario de servicios profesionales posee una mayor información fruto de su consumo más repetido o su pericia, entre otros factores. Sin embargo, en los últimos años ha surgido una corriente de investigación que contradice o, al menos, matiza este razonamiento. 

• Las señales que emitimos pueden ser contraproducentes ante un mal profesional 

Schneider et al. (2016) en su estudio vienen a corroborar una serie de intuiciones que se producen en la prestación de servicios profesionales. De tal modo, recogen que el hecho de que un consumidor pueda tener más información puede llegar a ser incluso contraproducente ante un mal profesional que puede aprovecharla para ofrecer un servicio más afinado en contra de los intereses del cliente o paciente. Nos referimos a una cuestión de sobreprecio, o inducirle a la adquisición de un servicio que realmente no necesita. 

A través de la observación de otros estudios de campo, es realmente novedoso atender a cómo puede reaccionar un profesional ante la información y las señales que pueda emitir consciente o inconscientemente una persona que precisa un determinado servicio. Las características que puedan ser identificables de un cliente o paciente se convierten en determinantes para un profesional que pretenda ofrecer servicios de corte fraudulento. Características como su nivel de ingresos, ciudad de origen, profesión, etc. que se verbalice o deje entrever. Asimismo, si ese mal profesional detecta que el beneficio esperado de suministrar un servicio que no es el adecuado le puede reportar una mayor beneficio las probabilidades de que suceda esa prestación no deseada son mayores. 

Si volvemos a releer el caso que abría este artículo podemos establecer un cierto paralelismo con lo expuesto. En síntesis, el banco observó una serie de señales de los potenciales clientes, sobre esa base, les omitió cierta información relevante y, de ese modo, les indujo a la contratación de un servicio más afinado para los intereses de la entidad que para ellos. 

Por todo ello, es necesario volver a recordar la necesidad de la colegiación de los profesionales con el objeto de que se pueda realizar un control deontológico independiente y así evitar este tipo de casuísticas perjudiciales para la sociedad. Además, las organizaciones colegiales también contribuyen a proveer de información a los potenciales clientes o pacientes sobre los profesionales que están en ejercicio siempre con el respeto a la competencia.

#ApunteEconómicoUP: La necesidad de ética y deontología profesional en el desarrollo tecnológico

En el año 2025, el mercado relacionado con el modelo de Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT) supondrá 1,1 billones de dólares en todo el mundo según un informe de la división Intelligence de GSMA, la organización internacional de operadores móviles y compañías relacionadas. Tal es el potencial del IoT, definido como la interconexión digital entre dispositivos para facilitar el uso de la tecnología por los usuarios, que en el periodo 2010 - 2025, los ingresos generados solo representarán el 5% de lo que se podría obtener únicamente en el 2025. 

Las fuentes de estos ingresos provendrán, a juicio de GSMA, de manera esencial del segmento de aplicaciones, plataformas y el desarrollo de servicios, que concentrarán el 68% del crecimiento que se produzca. Justamente, en relación al sector terciario, sostiene que los servicios profesionales también tendrán un papel destacado al aglutinar el 27% de dicho crecimiento, casi un tercio del esperado. 

Es evidente que la prestación de servicios profesionales avanza progresivamente en conjunción con elementos tecnológicos que facilitan y otorgan mayor precisión al ejercicio de los profesionales en todos los ámbitos y, especialmente, en los más técnicos. Sin embargo, se trata de un avance que siempre ha de ir acompañado de una filosofía de base como es ofrecer el mejor servicio al cliente y paciente bajo el esquema de responsabilidad, independencia de criterio y control deontológico, sustratos del acto profesional. 

• Imbuir de ética a la inteligencia artificial 

No se trata un tema baladí. La Comisión Europea (CE) trataba recientemente el tema de Inteligencia artificial: abordar los desafíos éticos y sociales en su novena reunión anual enmarcada en los encuentros que celebra desde el 2009 con representantes de organizaciones filosóficas y no confesionales bajo el artículo 17 del Tratado de Lisboa. En la reunión se discutieron asuntos acerca de las posibles repercusiones de la inteligencia artificial (IA) en materia de derechos, como la privacidad, dignidad o protección de los consumidores. 

En esta línea, Frans Timmermans, vicepresidente primero de la CE, argumentó que «el mundo digital avanza más deprisa que el debate ético sobre lo que puede y debe permitirse online. No podemos permitir que ocurra lo mismo con la inteligencia artificial y la automatización . Debemos mantener el control de esta transformación y asegurarnos que sirva para promover nuestros valores y defender nuestro modelo social». 

Como se deduce, el desarrollo tecnológico que estará protagonizado cada vez más por la inteligencia artifical (IA) en conjunción con el internet de las cosas (IoT), ha de ir aparejado inexorablemente por una ética en su funcionamiento que respete la articulación de los derechos fundamentales para que no queden obviados o sojuzgados a criterios exclusivamente económicos o técnicos. 

En consecuencia, los profesionales y sus organizaciones colegiales pueden jugar un papel aún más relevante en ese espacio genuino de debate para la incorporación de elementos éticos, cristalizados en su deontología, en el diseño tecnológico y virtual que cada vez será más automatizado; pero no por ello, ha de dejar de ser menos humano, opaco e inseguro para nuestros derechos como ciudadanos.

#ApunteEconómicoUP: Más rentabilidad en servicios profesionales por invertir en tecnología

A primeros de mayo, el Foro Económico Mundial (WEF) publicaba un estudio interesante con el título Digital Transformation Initiative Maximizing the Return on Digital Investments. Un documento que persigue desbrozar como impacta la inversión en tecnología de las empresas sobre su productividad y volumen de negocio. Para ello, el WEF define la tecnología en cuatro categorías concretas: tecnologías cognitivas como la inteligencia artificial o análisis big data; robótica; Internet de las cosas (IoT) para hacer cooperar dispositivos entre sí; y las tecnologías móviles y redes sociales. De este modo, construye un modelo econométrico donde vincula la inversión que se haga en estas tecnologías, en relación a los incrementos de productividad que puedan suponer. La muestra que utiliza se basa en 16.000 empresas de 14 ámbitos diferentes entre los se incluyen los servicios profesionales.

• Los servicios profesionales mejoran su productividad al invertir en tecnología 

Entre los resultados que extrae de su investigación, surgen conclusiones para reflexionar. El sector químico y de materiales avanzados es que el que obtiene un mayor rendimiento en productividad por invertir en tecnología. Por cada dólar invertido, cada empleado incrementa su EBITDA (beneficio antes de impuestos y gastos financieros) en 2,6 dólares si está en una empresa puntera, o de mayor tamaño, y en 2,2 en las empresas que completan el sector. A continuación son los servicios profesionales (pueden deducirse los jurídicos, científicos y técnicos) los más destacados, pues los profesionales que operan en las empresas líderes incrementan su beneficio en 1,8 dólares por cada dólar invertido, y en 1,4 si está en una empresa más reducida. Los servicios salud, y aunque muestran datos más contenidos, mejoran sus niveles. Los profesionales en este ámbito suben su EBITDA en 1,2 dólares por cada dólar invertido si están en una entidad grande, y en 1,1 dólares si están en empresa más pequeña. En definitiva, el WEF concluye que la inversión en los distintos tipos de tecnología y su combinación es lo que realmente puede hacer crecer más su productividad. Esto es, «de cómo combinar estas tecnologías para maximizar su impacto», lo que podríamos asemejar e incluir dentro del aumento de la productividad total de los factores. 

• La tecnología en favor del servicio, no del beneficio 

Asimismo, cuando el WEF desgrana el tipo de tecnologías en el que más se invirtió, las industrias ligeras como los servicios profesionales, se centraron más en software, redes móviles, redes sociales y tecnologías cognitivas, en relación a las industrias más pesadas, que buscaron invertir esencialmente en robótica. Se confirma así, que se trata un perfil inversor en las profesiones focalizado en ampliar la capacidad de alcance de sus servicios y una mejor precisión en ellos. Todo, con un balance positivo que demuestra ya buenos frutos. Sin embargo, la inversión en tecnología no habría de convertirse en un fin para aumentar únicamente los beneficios y ganar cuota de mercado, ni tampoco sustituir a personal, sino como un medio necesario para ofrecer mejores servicios y más adecuados desde los profesionales a los clientes y pacientes.

#ApunteEconómicoUP: La compleja relación entre la industria y los servicios

El 17 de abril, el Fondo Monetario Internacional (FMI) actualizaba sus Perspectivas de la Economía Mundial respecto al mes de enero. España recibía la mayor mejora en la previsión de crecimiento de las economías avanzadas, con cuatro décimas más hasta el 2,8% para el 2018, y una décima más para cerrar en el 2,2% en el 2019. Aunque también dejó varias tareas a considerar: reducir la dualidad del mercado laboral entre la ocupación temporal e indefinida, y reorientar las políticas activas para incrementar la empleabilidad. Todo ello, en un contexto próximo que refiere débil en cuanto al pulso reformista, con una evolución demográfica desfavorable y una escasa productividad.

• La relevancia del sector servicios frente a la industria 

Al hilo de la productividad, el organismo publicaba el 9 de abril uno de los capítulos de estas Perspectivas, de especial interés para el sector servicios. Parte desde el sector de la industria, pues en las últimas décadas el escoramiento hacia la terciarización en las economías avanzadas es notorio y continuado, hasta superar, por ejemplo, en España, el 75% del PIB. Una transición, sostiene, que no ha de conllevar un menor crecimiento o incrementar la desigualdad de ingresos como temen algunos diseñadores de políticas, dado que algunos ámbitos de servicios presentan altos niveles de productividad al igual que muchas de las manufacturas. 

Se deduce así, que pretende visibilizar que el sector servicios no tiene, por su morfología y actividad, tasas de productividad siempre inferiores a la industria según la creencia general. Por ende, aquellas economías emergentes cuya fase industrial apenas ha acontecido, y dónde los servicios toman ya un mayor protagonismo, no deben experimentar un balance negativo en términos de desigualdad, puesto que el FMI expone que ha sucedido en todos los sectores.

• Potenciar el sector servicios 

Tanto es así, que la institución pone el foco en cómo potenciar la contribución del sector terciario al crecimiento económico y la convergencia en rentas laborales. Su valoración, que también cita a los servicios profesionales, concluye todavía la persistencia de barreras de entrada que son además particularmente elevadas en las economías en desarrollo. Por ello, recomienda una desregulación de los servicios que facilitaría la entrada de nuevas empresas y promovería más competencia a su juicio.

• La contribución de los servicios al conjunto

El propio FMI describe que el sector servicios incorpora valor a los productos manufacturados de dos modos. De un lado, como bienes intermedios requeridos en la fabricación, cuyo ejemplo serían el diseño, la investigación, etc. Y, de otro lado, como actividades auxiliares vinculadas a los productos terminados cuando se venden. Esto es, financiación, logística o servicios de mantenimiento, etc. Fenómeno este último más conocido como la servitización que favorece también una difuminación cada vez mayor entre los sectores económicos tradicionales, cuando menos, en la esfera estadística. En el caso de los servicios profesionales, intervienen de ambas formas pues los jurídicos o técnicos, como ejemplo, son demandados por otros sectores para su producción y pueden ser conectados a un producto terminado a modo de garantía. En sendas maneras aportan más valor añadido.

• Servicios profesionales, economía y productividad

En definitiva, la recomendación global del FMI es clara en cuanto a desregular los servicios para incrementar su crecimiento y productividad, y que ello canalice al resto de la economía. Sin embargo, parece no haber contemplado de nuevo la característica naturaleza del subsector de prestaciones profesionales. Su productividad tiene un recorrido concreto y es diferente al que identifica a otros subsectores de servicios. 

Cierto es que la tecnología y los mejores métodos organizativos abaratan y perfeccionan la prestación de servicios profesionales. Pero su crecimiento ha de ponderarse con el control deontológico, la independencia de criterio y la responsabilidad que rigen el acto profesional, el cual debe calibrar cuál es el punto óptimo en el volumen de servicios prestados en un determinado tiempo y qué medios y recursos emplear para brindar la necesaria calidad. Los servicios profesionales juegan un papel clave como catalizador de los aumentos de productividad y de competitividad de la economía. 

En consecuencia, la permeabilización de su calidad al resto de sectores productivos y de transmisión de confianza a la sociedad implica un mayor compromiso y precisión cuando se analiza su funcionamiento.

#ApunteEconómicoUP: Sobre la evolución en la prestación de los servicios profesionales

Parece expandirse con cierta celeridad un nuevo modelo de negocio sobre la prestación de servicios profesionales, al menos de abogacía. Lo recoge Jane Croft en un reciente artículo publicado en Financial Times y Expansión. En síntesis, expone que el esquema de facturación por hora de los abogados y consultoras a las empresas, lleva camino de transformarse, en no demasiado tiempo, en servicios puntuales y con precio fijado, a la luz de algunas iniciativas que buscan dar la vuelta al mercado para incrementar, supuestamente, su actividad. Sobre ello, es interesante centrarse cuando el artículo alude a la plataforma internacional virtual Lawyers on Demand (LOD), es decir, 'abogados bajo demanda', que pueden ser solicitados para cuestiones concretas por parte de las empresas. En esta línea, LOD ofrece como ventajas destacadas una gran flexibilidad y disponibilidad de tiempo para los profesionales inscritos que podrían dar servicios a varias entidades y, del mismo modo, «cobra los precios más baratos» para los clientes. 

• El servicio profesional no encaja en economía colaborativa ni en just in time 

Una presentación que sugiere cierta reminiscencia a los nuevos modelos de economía colaborativa donde es posible contratar a un precio fijado servicios tan variopintos que van desde el bricolaje, la cocina o, los más conocidos, de transporte privado. En otro ejercicio de extrapolación, también recuerda a la práctica industrial 'Just in time' creada por Toyota que suministra los insumos necesarios para la fabricación solo bajo demanda. Si bien, aquí no hablamos de piezas, sino de profesionales cuya prestación se produce, efectivamente, bajo demanda, pero que precisan un estudio y tiempo previos que a menudo se obvia. Con todo, prácticas y modelos que se alejan del núcleo de una prestación enmarcada en el denominado acto profesional, fruto de la ordenación y control del ejercicio por las organizaciones colegiales que introducen la certidumbre requerida por los agentes socioeconómicos. 

• La heterogeneidad del servicio profesional 

Al remitirnos a los servicios profesionales de mercado, los precios se establecen libremente entre el profesional y los clientes o pacientes por los equilibrios entre oferta y demanda. No obstante, estos servicios se componen de un diagnóstico y de la posterior prestación, cuya articulación puede ser compleja y hasta contraproducente para el usuario cuando se encuentra ante un precio fijado en determinados servicios sin que el profesional haya estudiado aún su caso. Entre otras cosas, debido a que la prestación de un servicio profesional se caracteriza fundamentalmente por ser heterogénea, pues las necesidades y particularidades de cada cliente o paciente aconsejan una atención diferenciada y ajustada al momento para ofrecer el mejor servicio con la adecuación de medios correcta. 

La fijación del precio, como método extendido, en estos servicios no acaba de atajar la información asimétrica característica, que siempre existirá. También en el caso de las empresas a pesar de que demandan servicios profesionales con mayor asiduidad que las personas y su brecha puede ser menor. En cualquier caso, que una empresa cuente con servicios profesionales adecuados y con la calidad necesaria para llevar a cabo su actividad puede ser diferencial en relación a sus competidores, con lo que el argumento único del precio bajo en estos casos tiende a pasar a un segundo plano. 

• Fijar precios de entrada puede ser ineficiente 

Descrita la aproximación a la complejidad de la prestación de un servicio, esta fijación de precios dentro de estas plataformas virtuales, puede implicar la aparición de un doble fenómeno. Por un lado, contrariamente a lo previsto, podría suceder que el precio fijo calibrado del servicio por el profesional mostrara una sobreponderación en previsión de cubrir las contingencias que pudieran acontecer durante la prestación. Cuestión difícil de observar y dilucidar, incluso para ser corregida a posteriori. Por otro lado, si la condición de los profesionales por estar en estas plataformas es ofrecer los precios fijos más bajos del mercado, podría traducirse en un servicio que tendería a rozar una calidad no tan deseable y, por supuesto, en una precarización del ejercicio de los profesionales independientes que verían limada, paradójicamente, su independencia. Situaciones que serían más ineficientes y con mayor riesgo para los usuarios. 

Evidentemente, el subsector de servicios profesionales ha de evolucionar y adaptarse a las necesidades de los clientes y pacientes, pero tampoco ha de olvidarse el carácter prescriptor y de servicio de los profesionales que protegen el interés público y privado sobre temas de especial sensibilidad. Identidad que ha de quedar patente en todos los medios donde se ofrezcan servicios profesionales.

#ApunteEconómicoUP: ¿Cómo se distribuye el empleo asalariado de las profesiones entre lo público y lo privado?

El coste laboral de las empresas en España se situó en 2.668,84 euros por trabajador y mes en el cuarto trimestre del 2017, un 0,7% más respecto al mismo periodo del 2016 según la Encuesta trimestral de Coste Laboral que publicaba el 16 de marzo el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

En el foco de las profesiones el comportamiento fue más heterogéneo. En las actividades sanitarias y sociales, el coste laboral por trabajador al mes fue de 2.857,49 euros, un 0,6% más que el año anterior. En el sector de la educación, este coste situó en 2.489,60 euros, un 0,5% más. Y el coste laboral más elevado correspondió a las actividades profesionales, científicas y técnicas, donde llegó a 3.206,78 euros en el último trimestre del 2017, un 1,9% más que en el 2016. 

A la luz de estos datos del empleo por cuenta ajena en las profesiones, aprovechamos para realizar otra breve aproximación. En este caso, sobre cómo están distribuidos los profesionales asalariados según el ámbito público y el privado. Para ello, tomamos como fuente la última Encuesta de Población Activa, del cuarto trimestre del 2017. 

• Más reparto en profesiones sanitarias, sociales, y educación; el resto, mayoría en privado 

Actividades profesionales, científicas y técnicas: 

El porcentaje de estos profesionales asalariados que realizan su labor en las administraciones públicas asciende a solo el 6,47% por un 93,53% que están por cuenta ajena en el sector privado. Una de las explicaciones principales reside en que estas profesiones (jurídicas, económicas, de arquitectura, ingeniería, y científicas) tienen una mayor orientación a servicios de mercado tanto para empresas, que los precisan para su producción, como para los usuarios finales. El pequeño porcentaje respondería a aquellas áreas públicas que precisan determinados profesionales en plantilla para un servicio interno más continuado y, en su caso, puntualmente, para usuarios. También cabe señalar que la administración puede demandar servicios profesionales externalizados o en colaboración con el sector privado. El ejemplo sería la gestión privada de entes públicos de diferente índole. 

Profesiones sanitarias y de servicios sociales: 

En ellas, hay un reparto más equitativo. Mientras el 48,59% de estos profesionales asalariados se encuentra en el ámbito público, el 51,41% se encuentra como asalariado en el sector privado. Sin duda, en buena medida, los servicios sanitarios y sociales se prestan con naturaleza pública y se denominan servicios no de mercado. No obstante, es destacable el número de estos profesionales que ejercen por cuenta ajena en el ámbito privado donde el ejemplo más destacable se encuentra en las clínicas o entidades privadas. En este punto, hay que señalar, entre otras cosas, que estos profesionales en muchas ocasiones comparten ambas actividades, pues ejercen en el ámbito público pero también en el privado ya sea por cuenta ajena o propia. Igualmente, el propio sistema público de sanidad colabora con instituciones privadas para la asistencia sanitaria. 

Sector de la educación: 

Este sector presenta un porcentaje de asalariados que está también más concentrado en la esfera pública con un 62,90% del total y un 37,10% en la enseñanza privada. De nuevo, la producción y provisión pública de la educación afecta a este reparto. Se entiende que los profesionales de la educación que desempeñan su labor en el ámbito privado lo realizan en colegios privados y concertados, estos últimos para completar la provisión pública de educación. El resto de profesionales asalariados, casi 2 de cada 3 lo harían como asalariado en centros públicos de educación.

#ApunteEconómicoUP: El acto profesional frente al discurso liberalizador (2/2)

Al hilo de la anterior entrada sobre el artículo de The Economist en el que se crítica la excesiva regulación de los mercados laborales y, en concreto, de determinadas profesiones en los EE.UU. en esta ocasión, cerramos las consideraciones al respecto que cabe realizar en aras de la defensa de la labor pública de las organizaciones colegiales y los profesionales colegiados. 

• La elección de un profesional no puede basarse en webs comparativas de precios 

El texto continúa al apuntar que existen mejores formas de ayudar y proteger a los consumidores al sugerir fórmulas como la denominación de títulos expedidos por el gobierno, que según el semanal inglés serían por sí mismas una señal de mercado suficiente como se desprende. 

También la realización de inspecciones en detrimento de las licencias para mostrar a los clientes la buena labor realizada, un ejemplo claro de control ex post que en las prestaciones profesionales no es adecuado por las graves implicaciones que puede conllevar un mal ejercicio. 

Y concluye que «las fuerzas del mercado a menudo son las mejores de todas, a pesar de las asimetrías de información», para sostener que las personas tomarían mejores decisiones «en un mundo de revisiones en línea y sitios webs de comparación de precios». 

Razonamientos que encajan con el proceder de otros mercados de bienes y servicios, pero no responden al esquema que caracterizan las necesidades y información que precisan los usuarios de servicios profesionales cuando demandan servicios profesionales para solucionar su problemática, donde el factor precio no es el más relevante en comparación con factores reputacionales y de observación del control deontológico del ejercicio de los profesionales por las organizaciones colegiales.

Plantear este tipo de cuestiones en determinados foros también implica no conocer o ponderar el desempeño de las funciones públicas atribuidas por el Estado que realizan las organizaciones colegiales como el método más eficiente y adecuado para la protección ex ante del interés público a través del instrumento de colegiación que da lugar al control deontológico con potestad disciplinaria de los profesionales. 

• Comprender los aspectos singulares de los servicios profesionales 

En definitiva, comprender que el subsector de prestaciones profesionales presenta una serie de especificidades en su actividad y comportamiento tanto desde del lado de la oferta en relación a los profesionales como desde la demanda al hablar de clientes y pacientes se antoja fundamental y hace necesario un análisis más pormenorizado. 

De otro modo, la aproximación que se realice tenderá a ser generalista y, como en muchas ocasiones, se traducirá en un diagnóstico no ajustado sobre el desempeño de este subsector protagonizado por las profesiones colegiadas. 

Por ende, si el tratamiento indicado es una liberalización centrada en un control deontológico y disciplinario menos efectivo y de menor alcance, ello distorsionaría la confianza entre los agentes socioeconómicos pues las expectativas sobre la calidad media esperada de los servicios profesionales se reducirían y los riesgos asociados a esta situación se incrementarían.


#ApunteEconómicoUP: El acto profesional frente al discurso liberalizador (1/2)

#ApunteEconómicoUP: El acto profesional frente al discurso liberalizador (1/2)

The Economist publicaba recientemente en la sección Leaders el artículo America should get rid of oppressive job licensing, con el antetítulo Licence to kill competition, suficientemente gráfico y directo. Su argumentario se sitúa en EE.UU. donde describe a sus mercados laborales como excesivamente regulados pues refiere que el 22% de los trabajadores requieren licencias frente al 5% que las necesitaban en 1950. Dentro de las actividades menciona a los médicos, dentistas y abogados, acusados especialmente de beneficiarse con mayores ganancias de su regulación «que impide a los competidores menos cualificados proporcionar incluso servicios básicos» y que, por supuesto, esta falta de competencia «es un impuesto para todos los demás». A la vista de ello, es interesante realizar una serie de consideraciones al respecto si extrapolamos esta filosofía al ámbito nacional y europeo.

• «Emitir recetas o redactar documentos legales» también son actos profesionales 

En uno de los pasajes, defiende que «las tareas como emitir recetas o redactar documentos legales rutinarios, rara vez requieren años de costosa educación de posgrado. Incluso pueden ser mejor hechos por un especialista que tiene menos cualificación formal». Una concepción que choca frontalmente con la esencia de profesión colegiada basada en el acto profesional. Esto es, aquel que comprende el control deontológico y disciplinario, la independencia de criterio o autonomía facultativa, y la responsabilidad. 

Emitir una receta o redactar un documento legal, por sencillo que pueda parecer, no son meras compraventas de servicios sino prestaciones bajo el esquema de acto profesional, como otras tantas realizadas por las profesiones colegiadas, que afectan singularmente a los derechos fundamentales de las personas y que, en caso, de mala praxis debido a un menor control del ejercicio o no tener la formación adecuada pueden tener consecuencias no deseables o irreparables. 

También sugiere que los profesionales de la enfermería podrían operar en atención primaria al mismo nivel que los de medicina, pero que, si esto no ocurre es debido a las restricciones que existen en EE.UU. y que favorecen «el privilegio» de estos últimos. Una interpretación cuanto menos discutible pues, sin entrar en otros matices, la articulación del acto profesional de la medicina y la enfermería es diferente, y, en todo caso, ambos son necesarios tanto de manera individual como complementaria.

• Los colegios profesionales no pueden abrir la puerta al intrusismo 

El artículo admite cuando los compradores no pueden valorar la calidad que «es posible» que el Estado intervenga a través de las colegios profesionales con la autorregulación de las profesiones. Sin embargo, arguye que los colegios son los que deciden las «prácticas legales» y tienden a excluir a aquellos que no son de la profesión al poner el ejemplo de los colegios de abogados. 

De nuevo, una afirmación que se da de bruces con la naturaleza de las profesiones colegiadas al dar a entender que los colegios profesionales en lugar de perseguir el intrusismo en sus profesiones, debían, sino desaparecer, ampliar su marco de cobertura a aquellos que realizan determinados servicios de forma supuestamente satisfactoria sin ser de la profesión. 

Un camino que irremediablemente acabaría por dañar la confianza de la sociedad en los buenos profesionales, afectaría de forma negativa a la competitividad de la economía y, sobre todo, al bienestar de las personas, fin último de las profesiones colegiadas. Solo entonces, esta situación sí sería más que un impuesto que una sociedad no debiera admitir.

#ApunteEconómicoUP: ¿Qué condiciona nuestro consumo de servicios profesionales?

Con el sugerente título de La influencia del entorno social en las decisiones de consumo de los hogares en España, publicaba el Banco de España su último artículo analítico el 8 de febrero. En él, revela que el consumo está condicionado por dos tipos de hábitos: los intrínsecos, que explican nuestro consumo presente en función de lo que consumimos en el pasado y, por otro lado, los hábitos externos, que recogen la influencia de nuestro entorno social, particularmente más cercano, en lo que consumimos.

El artículo concluye que alrededor de un tercio de lo que consumimos depende nuestros hábitos internos, mientras que otro tercio es influenciado por los hábitos externos. El ejemplo de estos últimos se encuentra especialmente más en la esfera de los bienes visibles como la ropa, la tecnología, o los automóviles que nos identifica con nuestro círculo social más próximo. 

• Urgencia o necesidad 

Bajo este esquema, ¿qué ocurre con los servicios profesionales? Si nos aproximamos al núcleo que nos hace demandar estos servicios surgen esencialmente elementos de urgencia o necesidad que aparecen de forma muy reconocible para las personas en las prestaciones sanitarias y sociales, así como en las jurídicas o de economía.

En términos económicos, la literatura refrenda este comportamiento pues, en buena medida, los servicios profesionales presentan un cierto nivel de inelasticidad precio de la demanda, es decir, nuestro consumo de ellos varía menos ante cambios en sus precios. Todo ello se enmarca también en el proceso de decisión que seguimos en nuestras elecciones de consumo que hemos abordado en este blog. 

Igualmente, la gran mayoría de los servicios profesionales encajan en la categoría económica de bienes normales de primera necesidad. Esto es, aquellos con una inelasticidad renta de la demanda entre 0 y 1, dado que ante variaciones en la renta de un individuo, su consumo de servicios profesionales varía menos si realmente los necesita. Argumentos desarrollados en el documento de Consideraciones Económicas al Estudio de la OCDE sobre España 2017, que Unión Profesional publicó en julio del pasado año. 

• La influencia del entorno social 

No obstante, también es interesante realizar una aproximación hacia los hábitos que pueden afectar a nuestro consumo de servicios profesionales según la lógica que refiere el Banco de España. Con los hábitos de carácter intrínseco podríamos encontrar factores de situación económica personal y familiar, psicológicos, cuestiones a atender, etc. que influyen en el consumo que se realiza. 

En cuanto a los hábitos externos, es posible conectar que cuando precisamos un servicio profesional, más allá del rastreo por internet, también valoramos significativamente dirigirnos a aquellos profesionales que están en la órbita de confianza de nuestro contexto y entorno social que nos rodea a diario o que incluso nos recomienda hacia dónde ir. 

Dentro de este fenómeno se comprenden elementos de influencia como el nivel de vida, el lugar donde vivimos o incluso la posible reputación individual que obtenemos al acudir a un determinado profesional, que sea cual fuere, se espera que ofrecerá su mejor servicio dentro del sistema de profesiones colegiadas.

#ApunteEconómicoUP: «Las profesiones son el escaparate de la calidad del capital humano»

La segunda jornada I Congreso Nacional de Profesiones de Unión Profesional contó con la intervención de Emilio Ontiveros, catedrático de economía de la empresa de la Universidad Autónoma de Madrid. Su ponencia, con el título Profesionalización y modernización económica realizó un breve repaso sobre las condiciones que necesarias que debe reunir una economía para tener una mayor prosperidad y competitividad. En ese camino, destacó la relevancia del «sustrato profesional básico» pues se encuentran en la frontera y vanguardia del conocimiento y generan «capital social», es decir, la necesaria confianza entre los agentes económicos.

También en su discurso, puso en valor a los colegios profesionales al reconocer que el gran atributo que aportan es la garantía y ejemplificación de las mejores prácticas. En esta línea, señaló que una de las funciones principales de las entidades colegiales es realimentar a la tarea productiva y colaborar con su orientación en las universidades. Entre otras cosas, manifestó, porque el 20% de las profesiones en el futuro se verán laminadas por el progreso tecnológico, aunque ello dará lugar a nuevas familias profesionales. 

De tal forma, también explicó que es esencial «progresar hacia la homologación en los códigos y actuaciones de nuestras profesiones con los esquemas regulatorios europeos». Con todo, incidió en que una de las labores principales para una economía es reforzar la calidad institucional. A tal efecto, quiso acentuar que se debe fomentar más el «capital profesional», el mencionado «capital social» en relación con la confianza y el marco institucional y, por último, que «las profesiones son el escaparate de calidad del capital humano».