viernes, 31 de octubre de 2014

Los profesionales en la lucha contra la precariedad social

El escenario macro de estos días vuelve a mostrarnos que el vigor tan traído y llevado de la recuperación económica no es tal. Si el PIB se ralentizó hasta un tímido avance del 0,5% en el tercer trimestre respecto al segundo, en el que se supone mejor época para el empleo, el dato de inflación adelantada de octubre volvió a quedarse por cuarto mes seguido en negativo con un -0,1% anual. Es decir, el consumo no tiene suficiente confianza y capacidad lastrada además, por la excesiva moderación salarial. Un camino deflacionista que se confirmaría técnicamente en diciembre si el nivel de precios continua en tasas negativas


Pero el análisis de los datos no debe desconectarnos de la realidad social que reflejan y que nos sacude. La evidencia esta semana era publicada por un informe de Unicef al alertar de la pobreza infantil en nuestro país, que en el periodo entre 2008 y 2012, deja 800.000 niños más en situación de carestía.

¿Cómo remediar esta situación? 

Uno de los motivos que está reduciendo el impacto de la crisis y que sirve de red es la labor de miles de profesionales que cada día ejercen en sus diferentes ámbitos. Por ejemplo, desde los trabajadores y educadores sociales que, entre otras funciones, detectan y se ocupan de mejorar las problemáticas de la sociedad y trabajan por la integración de colectivos en riesgos de exclusión con herramientas formativas, respectivamente. También, los abogados que con el turno de oficio o en su especialización en materia de desahucios ofrecen un soporte social importante. 

Mientras, se hace imprescindible dar un giro en las expectativas del mercado laboral. El Observatorio de Innovación en el Empleo señalaba recientemente en un informe que dentro de «los universitarios de Humanidades: un 89% cree que no conseguirá un puesto relacionado con su titulación. Las carreras relacionadas con la administración de empresas y las ingenierías recogen las cifras más bajas y, aún así, rondan el 75%».

El panorama, por tanto, exige más acción e implicación desde todos los estamentos de la sociedad civil con el fin de acabar con la precariedad social existente. En este sentido, existe un gran potencial de tejido profesional comprometido dentro del país que junto con las organizaciones colegiales tienen mucho que decir con su actividad cotidiana y fundamental de servicio a las personas.

lunes, 27 de octubre de 2014

Bajas temerarias: pobreza para los profesionales e inseguridad para los ciudadanos

Existe un fenómeno creciente basado en el criterio con el que las administraciones gestionan las adjudicaciones públicas. Nos referimos a las bajas temerarias, asunto agudizado por la crisis que empieza a cobrar especial relevancia y cuya explicación radica en el siguiente proceso: «las administraciones públicas cada vez convocan menos concursos debido a la falta de dinero para inversión; a los pocos que hay, se presentan cada vez más empresas; y las compañías ajustan los precios todo lo que pueden»1.

Por un lado, los entes públicos defienden este método de contratación, pero por otro, los profesionales comienzan cada vez más a denunciar que estas bajadas temerarias en los precios para obtener las adjudicaciones pueden atentar seriamente contra la calidad y la seguridad de los ciudadanos. Precisamente, el 15 de octubre, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Cantabria (CICCP) organizaba una jornada al respecto, titulada Consecuencias de las actuales bajas en la contratación pública: ¿ventaja competitiva o temeridad?

  • Problemática social y económica debido a las bajas temerarias 
El mecanismo es sencillo. Por ejemplo, cuando una administración saca a concurso un proyecto público con un precio de licitación tasado en 200.000 euros, las empresas que se presentan compiten hasta que una de ellas ofrece el precio más bajo y se hace con la adjudicación. ¿Cuál es la cuantía de estas bajadas?, «la media supera el 35%» según Enrique Conde Tolosa, decano del CCIP. Además, señaló a modo de conclusión de la jornada que «las bajas actuales no son el camino adecuado para ahorrar, sino que son destructivas para el tejido empresarial y para los trabajadores, que hay que hacer algo y nuestros responsables políticos deben reflexionar y buscar una solución de manera conjunta con los profesionales»2. Sin embargo, uno de los argumentos más repetidos desde los entes públicos es que adjudicar con una mayor ponderación el precio más bajo, libera de recursos monetarios para invertir en otras áreas, algo que finalmente apenas sucede. En cualquier caso, esta política sesgada, implica una serie de riesgos que los profesionales comienzan a rechazar por dos motivos fundamentales: conlleva menor seguridad para los ciudadanos y degrada las condiciones laborales y de ejercicio.

Si pensamos en la ejecución de una serie de infraestructuras públicas caracterizada por una reducción de costes por debajo del nivel de mercado que no cumplan o apenas rayen las mínimas condiciones de calidad nos enfrentamos a una serie consecuencias:
  • Un probable mayor coste de ejecución que sobrepase el precio de adjudicación. (En ocasiones el precio adjudicado no cubre los mínimos pactados de realización en la práctica.)
  • Mayor mantenimiento a lo largo del tiempo de esas infraestructuras con implicaciones sobre la seguridad.
  • Riesgo de menor independencia de criterio de los profesionales en la realización si están sujetos por régimen asalariado. 

Por otro lado, no debemos olvidar que la falta de oportunidades laborales puede generar incentivos para prestar servicios profesionales por debajo del precio de mercado en situaciones de necesidad. En este sentido, desde la sociedad civil debería emanar el criterio de equilibrio que contemplara no solo el precio sino también los elementos cualitativos y de seguridad que entrañan. La labor de las organizaciones colegiales en este campo es primordial y debería estar más presente.

  • Conexión con pobreza
Esta situación conlleva asimismo una asociación a pobreza. Un tema que fue tratado recientemente, por Ana I. Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social en la conferencia celebrada en la Comisión Europea, El Objetivo Europeo 2020 sobre pobreza, donde abogó por la necesidad de una coordinación entre política social y política fiscal (recogido en la revista Profesiones 151).

Igualmente, el propio Consejo Económico y Social (CES) junto con los CES del sur de europa, coordinará el Informe conjunto sobre la lucha contra la pobreza y la exclusión social en la región euromediterránea que responde al llamamiento de tomar medidas concretas para reducir la pobreza con especial incidencia en la educación y la mejora al acceso a infraestructuras y servicios básicos. Por tanto, continuar con este tipo de políticas —bajas temerarias, menor inversión pública, etc.— en la administración pública contribuirá a seguir en este bucle de precarización en la situación de los profesionales y pauperización en los servicios e infraestructuras públicas. 

Mientras, los efectos ya se dejan notar de acuerdo al decano del CICCP, Enrique Conde: «las empresas pierden competencia profesional, capacidad económica y calidad técnica, además del retroceso en las condiciones laborales de los trabajadores».

Notas al pie: 
1. El Diario Montañes, pág 6; 16/10/2014
2. El Diario Montañes, pág 26; 21/10/2014 
Imagen. Larepublica.co

martes, 21 de octubre de 2014

El 'Internet de las Cosas' como fuente de empleo en España


Últimamente, se suceden más a menudo estadísticas, informes y noticias sobre la actual coyuntura económica y de su más que probable deterioro. Al estancamiento europeo encabezado por Alemania y Francia, durante esta semana, en clave nacional hemos sabido que el 12,3% de los trabajadores se encuentran por debajo del umbral de la pobreza según un informe de la Fundación 1º de mayo. Además, la morosidad continúa su avance y escaló en agosto a su mayor cota con un 13,25% de acuerdo al Banco de España, asunto que ha causado desde el 2008, la desaparición de más de 400.000 empresas conforme a un estudio de EAS Business School. Todo ello contribuye a profundizar aún más en la triplicidad de la desigualdad: de renta, de riqueza y de oportunidades, que señaló recientemente el experto Mohamed A. El -Erian. 




¿Cuáles son las alternativas? Jeremy Rifkin, economista estadounidense, con el que la revista Profesiones pudo estar en el contexto de la presentación de su libro, La sociedad de coste marginal cero, propuso algunas. 

- De este modo, dedicó una intervención especial sobre la situación de la economía española y que soluciones podrían adoptarse para impulsar de manera estable el empleo: 

«Me gustaría dedicar unas palabras al tema del empleo en España, que es preocupante en especial y que, en los próximos años, será de vital importancia en el marco de los temas que estamos abordando. En España hay millones de jóvenes desocupados, viviendo con sus padres hasta edades avanzadas, lo que supone un desastre para la economía y la sociedad del país. Sin embargo, esta situación permite introducir cambios revolucionarios que serían más difíciles si todo el mundo estuviera ocupado, anclado a un tipo de empleo y usos que en muchos casos está desfasado. En Madrid, por ejemplo, debería haber una inversión en acondicionar edificios para las energías renovables, lo que podría ocupar a muchos trabajadores y renovar industrias. Ya se está haciendo en Alemania». 

- Logística, transporte y arquitectura como las grandes áreas beneficiadas en generación de empleo con el desarrollo del Internet de las Cosas

«Asimismo, para que el Internet de las Cosas sea posible se hará precisa una capilaridad enorme, que exigiría inversión en mano de obra y materiales para tirar miles de kilómetros de cable especial e infraestructura. Los sensores inteligentes en las autopistas igual, requerirían trabajadores. Logística, transporte, arquitectura, podrían verse beneficiadas de este futuro planteado, y también las personas que contribuyan a esos cambios materialmente. Se dice que no hay dinero, pero sí lo hay sin embargo en España, como en otros países, en mantener enormes infraestructuras que ya no son operativas, no generan beneficios sino solo gastos. Ahora, para impulsar estos cambios se precisa un liderazgo social y político tan renovado como el de estas infraestructuras y energías. En Francia ya se está haciendo en regiones pobres, sometidas a inversiones públicas y la intervención de grandes empresas privadas para cambiar el paradigma socioeconómico». 

- Además, Rifkin también advirtió sobre los riesgos de la inacción social y política junto con el rápido avance del cambio climático: 

«También puede no hacerse nada, como en España, y eso puede traer como consecuencia la desesperanza y el cinismo. Por no hablar del cambio climático, problema ya insoslayable, y que tiene mucho que ver con el uso responsable de las energías. Teniendo en cuenta que el cambio climático, como he podido investigar personalmente, está avanzando a una velocidad mucho mayor de lo esperado, muy preocupante, se convierte en prioridad absoluta la economía del coste marginal cero, en la que se recicle, se comparta. Por tanto, lo que os cuento no solo es posible, se está apostando en algunos lugares por ello, sino que también es necesario, la única opción. Cuando hablo con grandes empresarios, ya les aviso de que no pueden seguir manteniendo el mismo sistema capitalista como está, porque ellos también sufrirán las consecuencias antes o después, es inasumible».


viernes, 10 de octubre de 2014

El potencial de las profesiones para reducir el desempleo de larga duración

Los riesgos vuelven a estar al alza. Esta semana, diversas instituciones de la esfera nacional e internacional nos han puesto sobre aviso de que la recuperación no solo no es vigorosa —asunto evidente—, sino que se desliza a un estancamiento de tintes crónicos. A la problemática asociada a la extensión del ébola, de la cual el presidente del Banco Mundial ha afirmado que en España «ya está teniendo consecuencias económicas», se sumaron las conclusiones vertidas por el FMI.

En su informe de 'Estabilidad financiera mundial', sostuvo que «el 70% de la banca europea no está preparada para prestar crédito adecuado». Por otro lado, en sus 'perspectivas de la economía mundial' apuntó que España crecerá un 1,3% este año y un 1,7% en el 2015.

No obstante, la otra cara del informe pasó desapercibida, ya que estas previsiones están sujetas a la evolución de la zona euro cuyo riesgo de entrar en recesión ha subido a un 40% y a un 30% en el caso de la deflación. España no es ajena a ello, y la elevada posibilidad de entrar en un largo periodo deflacionario solo está por debajo de Grecia y es comparable al 2009, año de mayor caída de la crisis. En el ámbito doméstico, Asempleo, en su Avance del mercado laboral, corroboró que existen «señales de desaceleración».



El informe de Asempleo, reconoce asimismo que en términos interanuales, las actividades profesionales y la educación, entre otras, siguen siendo las principales ramas de actividad que sustentan los aumentos de la afiliación. Una capacidad que pudimos observar en los datos de empleo referentes al mes de septiembre. Sin embargo, dentro del desempleo destacó, el gran foco a subsanar: «la proporción de parados de larga duración —más de un año— es del 62,4%, mientras que la probabilidad de encontrar empleo para individuos de este colectivo (a un trimestre vista) es del 6,7%». Es decir, hablamos de un paro estructural cifrado en 3,5 millones de personas. 

En este sentido, las profesiones colegiadas tienen un específico efecto arrastre sobre la creación de empleo vinculado. En el estudio desarrollado en Unión Profesional, Análisis del desempleo cualificado en España: Factores explicativos de la necesaria formación continuada se concluye que por cada 2,3 profesionales se genera un empleo vinculado. Un ratio que se fundamenta en la función formativa de carácter continuado que ofrecen las organizaciones colegiales.

Pero además, en materia de financiación aún queda mucho por hacer. Alternativas de micromecenazgo como el crowdfunding deben tener un papel más principal como instrumento de emprendimiento para los profesionales. En esta línea, se pronunció la pasada semana el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, cuando se aprobó el proyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial. Una legislación que distinguirá entre inversores acreditados, los cuales no tendrán limitación en aportación de capital, e inversores no acreditados (o particulares) que no cumplan determinados requisitos, a los que se asignará un límite de 3.000 euros en la participación por proyecto y 10.000 euros en el agregado de plataformas. De su puesta en práctica se determinará si tiene los efectos positivos deseados...

viernes, 3 de octubre de 2014

Los profesionales encabezan el crecimiento del empleo autónomo en septiembre

Los datos de afiliación en el mes de septiembre 'salvaron los muebles' al mostrar un discreto avance en términos agregados. 12.182 personas se sumaron a los actuales 16.661.703 afiliados en España. Un incremento del 0,07% mensual que sigue sin despejar las dudas sobre el patrón de crecimiento estable ansiado por la sociedad y que deja un margen de inacción en el rumbo de política económica para establecer las bases sobre las que se absorba el elevado desempleo estructural. 



De nuevo, terreno de incertidumbre abonado, en esta ocasión, por el vuelco en la composición de los sectores generadores y destructores de empleo. El 84,6% de las nuevas afiliaciones al Régimen General fueron creadas por la educación, las actividades administrativas y el régimen especial agrario (107.819 altas). Por el contrario, las actividades sanitarias y de servicios sociales y, especialmente, la hostelería y el comercio aglutinaron el 72,5% de la caída del empleo (85.669 bajas). Un comportamiento repetido en las afiliaciones de autónomos, donde de igual forma, la hostelería y el comercio supusieron el 98,5% de las 2.687 bajas en septiembre. 

Se trata, por tanto, de un cambio significativo y recurrente tendencialmente por estas fechas que vuelve a evidenciar la gran estacionalidad de los sectores vinculados al turismo que han protagonizado la tímida recuperación hasta ahora y que, desde luego, no ayuda al incipiente problema de deflación al que nos dirigimos. 

  • 3 de cada 10 nuevos autónomos en el último año son profesionales liberales 

En el ámbito de las profesiones, la noticia más destacada se ha producido dentro del Régimen de Autónomos (RETA). El 48% de las nuevas afiliaciones en septiembre correspondió a las actividades profesionales, científicas y técnicas junto con las actividades sanitarias y de servicios sociales. Unos datos que en términos anuales toman mayor solidez y es que en los últimos 12 meses, más de 25.000 profesionales se han dado de alta como autónomos, lo que supone el 31,3% de total de altas en el RETA. 

Es decir, 3 de cada 10 nuevos autónomos en el último año son profesionales, científicos, técnicos, sanitarios y sociales. No obstante, la afiliación al régimen de autónomos merece prudencia en su análisis ya que no siempre es señal inequívoca de buena marcha del empleo. De hecho, puede significar en algunos casos un cambio forzado en la condición laboral de aquellos que trabajando por cuenta ajena se ven forzados a ejercer como 'falsos autónomos'

Octubre y noviembre presentarán, probablemente, una tendencia similar en el mercado laboral, con un crecimiento europeo anclado que seguirá limitando nuestras exportaciones. Fiar la recuperación a una demanda interna que sigue sin ejercer presión sobre los precios debido a la escasez y el perfil de empleos generados parece bastante arriesgado. En cualquier caso, los datos reafirman que los profesionales pueden contribuir a cambiar esta dinámica al ser actores principales en la generación de tejido socioeconómico.

jueves, 2 de octubre de 2014

Organizaciones colegiales: más protagonistas en el diálogo social

«Un diálogo social fluido puede ser la base de cambios necesarios para fortalecer la recuperación» 

El modelo de ganancia de competitividad, vía costes apoyado en la bajada salarial, ha tocado fondo en España para la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Así se desprende de su último informe titulado España: crecimiento con empleo presentado el lunes 29 de septiembre en el Consejo Económico y Social (CES) con la presencia de los sindicatos y la patronal. 

Es decir, la recuperación está perdiendo impulso y está surcando peligrosos cauces en el modelo de desarrollo económico. Según el informe, «esta recuperación no bastará para evitar una caída importante de las tasas de participación —en el mercado laboral— ni para limitar la emigración de población cualificada». Asimismo, a este ritmo, «no será hasta 2023 cuando el empleo recuperaría el nivel del 2007». Una situación, la de aquel año, a la que «tampoco sería deseable volver dados los desequilibrios que ya se acumulaban» como manifestó en la sesión Guy Rider, Director General de la OIT. 

Por ello, entre las propuestas que expone el organismo internacional prioriza una mejora del acceso al crédito para las Pymes; fomento de la inversión productiva, que ha caído del 30,7% sobre el PIB en 2007 al 17,7% en 2013; más políticas activas del mercado de trabajo; ampliación del alcance de los programas de formación a desempleados y, sobre todo, mejorar la cobertura de los trabajadores a través de convenios sectoriales de calidad para evitar la exclusión laboral cada vez más presente. No en vano, el 60% de los desempleados lleva más de un año fuera del mercado laboral y un 43% más de dos años. Es decir, un desempleo estructural, camino de convertirse en crónico. 

En definitiva, medidas propuestas que convergen en la necesidad de un profundo y más desarrollado diálogo social de las instituciones representativas de la sociedad que sean capaces de canalizar las grietas y problemáticas de nuestro modelo de convivencia.

Colegios profesionales, claves en la geometría de la sociedad 

Como bien describe el informe de la OIT, «el diálogo social aporta el medio institucional para enfrentar los problemas ocasionados por la crisis, y facilita el consenso sobre los programas y las medidas de reforma destinadas a frenar su coste social». Las organizaciones colegiales contribuyen con su labor a una mejor y más rápida interpretación del mercado de servicios profesionales ofreciendo la necesaria seguridad a los ciudadanos y asesoría a los profesionales. Funciones características de los colegios que configuran un peso específico en la geometría social del país y que deberían estar más presentes cuando se trata de abordar la crisis económica tanto para mejorar las condiciones laborales de los profesionales, como para proteger a la ciudadanía. 

Precisamente, la OIT considera que la creación de un órgano tripartito de monitoreo laboral y social sería beneficioso al proporcionar directrices de actuación en función de las necesidades de estos aspectos. Iniciativa positiva, sin embargo, hablar de diálogo social no solo debería estar asociado a las organizaciones patronales y sindicales, sino también a las entidades colegiales, conocedoras en primer plano de las demandas sociales.