LSCP y TTIP, ¿derechos del consumidor?

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El escenario político-económico actual se define por una suerte de autoconvencimiento de las autoridades europeas de su recetario para salir de la crisis, si bien, el crecimiento experimentado y previsto del 2,8% para este año vendrá esencialmente de factores externos y supranacionales: caída del petróleo, depreciación del euro y medidas del Banco Central Europeo (BCE). Mientras, la problemática de Grecia continua sin resolver y con unos márgenes de negociación demasiado rígidos; síntoma de la articulación tortuosa de la gobernanza europea que, en última instancia, siempre perjudica a los ciudadanos, los cuales soportan niveles de desempleo y precariedad social de tintes crónicos. 

En este contexto, entre las soluciones que se proponen, el lunes 23, el BCE y la Comisión Europea (CE) publicaron sus conclusiones preliminares con motivo de la visita a España de sus expertos para supervisar el programa de asistencia financiera a la banca. Dentro de las recomendaciones para evitar la segmentación del mercado laboral señalaron que «hay algunas reformas claves pendientes, como la reforma de los servicios profesionales y de las asociaciones profesionales, que si se adoptara beneficiaría al conjunto de la economía». Nuevo recordatorio que se suma al realizado al término de febrero por Bruselas donde manifestaba el retraso en la aprobación de esta reforma. 

Por otro lado, al elevar la perspectiva, nos encontramos con el transcurso de las negociaciones que llevan a cabo EE.UU y la UE sobre el Tratado de Libre Comercio (TTIP, por sus siglas en inglés). Un proceso que desde las autoridades europeas se afirma, según determinados estudios, fomentaría un mayor crecimiento económico. No obstante, son numerosas las voces críticas y respetadas que cada vez se alzan más contra la aprobación del TTIP, como Susan George, analista política y vicepresidenta de ATTAC Francia. 

• Derechos del consumidor: innegociables

Uno de los hilos conductores fundamentales de estos asuntos tiene que ver con la posible afección a los consumidores. Asunto sobre que el que en muchas ocasiones se pasa de puntillas sin profundizar en las particularidades de cada sector. En este sentido, el 15 de Marzo se celebraba el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores establecido en 1983. Más de tres décadas en las que el consumidor ha adquirido más elementos de poder decisorios y de contraste de los productos y servicios asociados a la formación y la tecnología junto con regulaciones que los protegen. 

Factores que no se pueden arrinconar o devaluar en ningún contexto, en tanto en cuanto, determinados sectores como los servicios profesionales requieren de una regulación específica. Es decir, el cliente o paciente no puede evaluar con exactitud ex ante, durante, ni ex post el nivel de calidad recibido debido a la asimetría de información. Por ello, se demanda una estructura regulatoria como la actual —con asumido margen de mejora— en la que los colegios profesionales realizan el control deontológico de los profesionales mediante la herramienta necesaria de colegiación y ofrecen esencial información a los ciudadanos. 

El Registro de Economistas Asesores Fiscales presenta el Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2015

La composición fiscal de las comunidades autónomas (CC.AA) continua con una gran heterogeneidad o diversidad de figuras impositivas y dispar en cuanto a recaudación entre ellas. Es una de las principales consideraciones que arrojó el día 10 de marzo la presentación del informe Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2015 elaborado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) perteneciente al Consejo General de Economistas (CGE). No obstante, más del 73% de los ingresos de las CC.AA. provienen de la suma parcial del IRPF y el IVA que el Estado tiene transferidos en un 50% a estas. El detalle de la imposición muestra desajustes como ocurre en Andalucía y Cataluña donde, por ejemplo, aún no han aplicado una rebaja del IRPF y se tributa más que en Madrid, cuyos gravámenes, en general, son menores. 

Otro de los asuntos de especial interés fueron los tributos propios, es decir, aquellos impuestos creados por las CC.AA. cuyo límite es no gravar hechos imponibles ya sujetos en las haciendas locales y el Estado. Unos tributos que supusieron un montante total para las arcas autonómicas de 2.085 millones de euros solo en el año 2013, lo cual no es desdeñable, si bien algunos tienen un coste de gestión superior a su recaudación como indicó Luis del Amo, Secretario técnico del REAF. En este sentido, Cataluña es la que más recauda con 619 millones, seguida de Canarias y Andalucía con figuras como, por ejemplo, el impuesto sobre determinados establecimientos comerciales, sobre el que la Comisión Europea ya mostró su disconformidad. 

En las conclusiones, Jesús Sanmartín, presidente del REAF, sostuvo que a pesar de que las CC.AA. se han adaptado en el IRPF al paso de la reforma fiscal estatal, aún persisten diferencias; asimismo destacó la necesidad de textos refundidos o consolidados dada la legislación autonómica diversa, además de incrementar los mínimos personales y familiares. 

• Actualización del informe sobre la reforma fiscal de Unión Profesional

Precisamente, dado el interés que sigue generando la temática impositiva, desde Unión Profesional, también anunciamos la ampliación del informe La reforma fiscal y su implicación sobre los profesionales que fue publicado en diciembre y que ahora cuenta con mayor detalle algunas cuestiones de especial interés para el ejercicio del profesional. Entre las ampliaciones de información en algunos puntos, podemos señalar: 

-El artículo 101, apartado 5 mantiene que no obstante, se aplicará el porcentaje del 9 por ciento sobre los rendimientos de actividades profesionales que se establezcan reglamentariamente. Conforme a la Disposición Transitoria Vigésimo Tercera. Entre estas profesiones, se encuentran recaudadores municipales o mediadores de seguros.  

- Los profesionales consejeros y administradores que gestionen entidades con un volumen de negocio superior a 100.000 euros se les retendrá un 37% este año y un 35% en 2016 desde el 42% actual. Si gestionan entidades por debajo de esta cifra de negocio, la retención será del 20% en el 2015 y del 19% en el 2016.  

- Los coeficientes de abatimiento (CA) seguirán siendo aplicables hasta el 20/01/2006 solo para elementos patrimoniales adquiridos antes del 31/12/1994 si bien, su aplicación se limita a los primeros 400.000€ del valor de transmisión agregado de elementos patrimoniales. Una vez agotado este ‘bono’, no se renovará para futuras transmisiones. Hay que señalar que estos coeficientes de abatimiento no podrán ser aplicables si el inmueble es afecto a la actividad profesional.

Big data: rapidez y eficiencia en la detección de necesidades sociales

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«La sostenibilidad social debe ser parte integrante del programa económico de un país, no solo una acotación». Kermal Dervis. Ex dirigiente de la ONU 

¿Cuál es la prioridad en el diseño de la política fiscal de los países europeos en los últimos años? Control del déficit, renegociaciones en el pago de las deudas públicas (cuando no, rescates), ajustes notables del gasto, etc. Todo, en aras de favorecer una supuesta estabilidad económica. Sin embargo, este proceder parece aventurar una elevada factura política y una fractura social, de hecho, en Europa; «mayor desigualdad, pobreza y frustración», como señaló recientemente en un artículo, Kemal Dervis, ex administrador del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD). 

En las últimas décadas, la configuración europea de los sistemas impositivos ha seguido, con diferente grado y forma, los cinco grandes principios enunciados por el hacendista alemán F. Neumark en 1970 :

1. Suficiencia recaudatoria para administrar políticas de gasto
2. Distribución de la carga de un modo justo 
3. No alterar las decisiones de los agentes 
4. Adaptación al ciclo económico 
5. Sencillez en su gestión. 

¿En qué medida se han distorsionado estos principios de las políticas fiscales? 

• Colegios profesionales, Big data y política social 

Es evidente que la introducción de los sistemas informáticos para medir la incidencia de los sistemas impositivos sobre los agentes económicos ha permitido a los gobiernos determinar con mayor precisión el impacto, principalmente, en términos cuantitativos de las diversas figuras tributarias y así, mejorar la aplicación de los principios de Neumark. No obstante, el fenómeno conocido como Big data «para analizar grandes cantidades de datos, debería mejorar la eficiencia de los programas sociales y promover al mismo tiempo la participación de los ciudadanos interesados», como indica, Dervis. 

Es decir, un sistema positivo más enriquecido de información desde el prisma social cuya articulación permitiría advertir a los dirigentes políticos necesidades ciudadanas, antes incluso de que los mismos afectados sean conscientes de su magnitud. Por ejemplo, problemáticas asociadas al desempleo tales como riesgo de exclusión, economía sumergida, personas con discapacidad que precisen infraestructuras públicas, dotación de equipamientos sanitarios y/o educativos, etc. 

En esta línea de trabajo, los colegios profesionales, en tanto en cuanto, actores relevantes de la sociedad civil potenciarían aún más su papel receptor de los problemas de la ciudadanía al actuar como nodos esenciales de una nueva economía que debería estar mucho más centrada en las personas. 

TTIP: ¿qué balance dejó la octava ronda negociadora?

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Urgencia por avanzar y asuntos excluidos fueron los movimientos principales que produjo la celebración de la octava ronda del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) en Bruselas, la pasada semana. Entre los temas relegados, la CE reconoció que «hay distintos enfoques regulatorios que implican diferentes niveles de protección» en las áreas específicas de productos genéticamente modificados, alimentos hormonados y el sector químico. No obstante, como señaló García-Bercero, el jefe negociador por la UE, se registraron avances en los tres pilares que vertebran las negociaciones. Así, en el primero, acceso a los mercados, se trabajó para conseguir un alto grado de equivalencia en tarifas, servicios y contratación pública. En el segundo, aspectos regulatorios, se debatieron sectores como el automóvil, productos farmacéuticos o dispositivos médicos. Mientras, en el tercer pilar, normas, se apostó nuevamente por la protección de los derechos de los trabajadores y el medioambiente. Sin embargo, la ronda dio más de sí. 

• Constituir un órgano de cooperación regulatoria

Es la propuesta capital resultante de esta ronda negociadora: la creación de un órgano de cooperación regulatoria. Una institución que, de aprobarse el TTIP, estaría conformada por miembros dirigentes de las diversas agencias reguladoras a ambos lados del Atlántico, cuyo cometido sería: 

1. Establecer las prioridades regulatorias sobre determinados sectores. 
2. Ofrecer soluciones en caso de conflictos. 
3. Vigilar la evolución del Tratado.

El documento de esta iniciativa resume que la aspiración de este órgano sería «generar una regulación más efectiva a un menor coste para los interesados», con el mantenimiento, eso sí, de «los altos niveles de protección en áreas como la seguridad de los consumidores, la salud y el medioambiente». En este sentido, la CE destaca que este órgano no podría «adoptar medidas jurídicas» ni «interferir en los procedimientos reglamentarios domésticos de EE.UU. o la UE». 

• Mención a servicios profesionales 

La fundación este órgano regulatorio descrita en el dossier afirma, entre otros sectores, que «por ejemplo, el sector financiero debe ser gestionado muy de cerca y que necesitamos una fuerte regulación para asegurar que nuestros proveedores de servicios profesionales, estén debidamente calificados». 

En torno al funcionamiento de dicho órgano, la CE precisa que se tendría en cuenta la visión del resto de stakeholders o grupos de interés, si bien no son nombrados, tales como sindicatos, empresas, consumidores, e incluso organizaciones profesionales; instituciones que deberían tener un mayor protagonismo en la configuración regulatoria. 

Mientras, ya están previstas dos rondas más antes del verano: abril y julio...

Los profesionales, presentes en las I Jornadas de Buenas Prácticas en Empresas de la Economía del Bien Común #EBC

«Cuando se habla de crecimiento, solo se habla de dinero. El dinero es una herramienta, no es un objetivo». Francisco Álvarez, embajador de la Economía del Bien Común 

Con esta lucidez sobre los dogmas del modelo económico en el que vivimos insistía, Francisco Álvarez, embajador de la Economía del Bien Común en España (EBC) el pasado 30 de enero en la sede de Medialab Prado. ¿El motivo? La apertura de las I Jornadas de Buenas Prácticas en Empresas de la EBC. Un nuevo paradigma —impulsado por Christian Felber— que no se parapeta en lo filosófico, sino que desciende y se extiende cada vez más gracias a su lógica social y sencillez para ponerlo en práctica como subrayó Álvarez. El evento, desarrollado a lo largo de dos días, dio cita a «casi un centenar de empresarios y empresarias para hablar de cómo la EBC puede transformar la forma de gestionar las empresas para responder a la creciente demanda social de una economía más justa y sostenible». 

Además, en la presentación intervinieron Ignacio Duque, coordinador del nodo de empresas de la EBC en Madrid, donde sostuvo que «el futuro está en las empresas de la EBC»; y también precursores de la materia como Dolores Vendrell, presidenta de la asociación Alcoress, Jorge León, al frente de la empresa Can Cet, y Beatriz de Andrés, Directora General de Art Marketing y coordinadora de comunicación de la Asociación Española de la EBC.

• El profesional como actor natural y necesario de la Economía del Bien Común

Entre los numerosos participantes reunidos en las jornadas, muestra del creciente número de ciudadanos que comienza a sumarse a esta nueva reinterpretación de la economía, se encuentran los profesionales colegiados; arquitectos, psicólogos, economistas, periodistas plantearon sus modelos de ejercicio «desde una perspectiva sostenible y en un tamaño óptimo basado en las personas y en armonía con el medio ambiente, entendiendo que las empresas son los verdaderos agentes del cambio social».

Si aludimos al espectro de profesiones, su principal propósito es velar por las necesidades de carácter jurídico, sanitario, económico, científico, arquitectónico, ingenieril o social que tienen las personas. Para ello, los profesionales responden conforme a su responsabilidad, preponderando el buen ejercicio sobre el ánimo de lucro y cimentándose en su independencia de criterio, parámetros aunados en los códigos deontológicos. 

De esta manera, lo verdaderamente enriquecedor, por encima del desempeño económico, es la medida en la que los servicios que prestan los profesionales favorecen el bienestar y la tranquilidad de las personas al crear un entorno social más deseable e integrador. Indicadores tales como el nivel y tipo de litigios, niveles de salud, habitabilidad o inclusión social ayudarían en esta dirección. Así, todo este potencial se puede vincular el elemento fundamental de la EBC: el Balance del Bien Común, cuya instrumentación centra al ciudadano y trabajador como finalidad de la economía y no como meras herramientas de ella.

Vuelve el TTIP con la octava ronda de negociación

El 2 de febrero se ponen en marcha de nuevo las conversaciones del Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y la UE (TTIP, por sus siglas en inglés). Tal es la vorágine de informaciones, documentos, declaraciones y también desconcierto... que Unión Profesional ha elaborado un informe que aglutina los puntos clave del acuerdo.

Entre ellos, ¿de dónde parte?, ¿cuáles son los objetivos y pilares sobre los que se quiere liberalizar?, ¿cómo se desarrollaron las siete rondas celebradas hasta el momento desde julio del 2013? o ¿qué se ha dicho desde España al respecto? Asimismo, se pone el foco en asuntos recientes como la desclasificación de documentos sobre el Tratado que realizó la CE, los resultados de la consulta pública europea sobre el mecanismo de resolución conflictos entre inversores y Estados (ISDS) o filtraciones de informes de trabajo europeos. Sin olvidar que se dedica un apartado especial al procedimiento que se podría acometer en los servicios profesionales.

Contenidos de la octava ronda del TTIP

Dentro de los eventos de la semana más notorios, el 4 de febrero se organizará un encuentro para grupos de interés con el fin de que puedan expresar sus puntos de vista y observaciones sobre algún tema concreto del Tratado. De esta forma, se habilitarán cuatro mesas sectoriales sobre industria; agricultura; servicios, inversión y contratación pública; y temas relativos a normas concernientes al desarrollo sostenible o las Pymes. Sindicatos, ONG, organizaciones de consumidores, profesionales o de ámbito empresarial dispondrán de cinco minutos para sus presentaciones con la posibilidad de poder trasladar después su visión a los negociadores. Además, se retomarán las discusiones, entre otras, de los sectores automotriz o energético, así como el planteamiento a seguir respecto al mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y Estados (ISDS). 

Vender un despacho o local profesional con la nueva reforma fiscal

Uno de los puntos más polémicos que nos deja la reciente aprobada reforma fiscal es el tratamiento que recibirán las ganancias y pérdidas patrimoniales. Es decir, por ejemplo, cuando un profesional venda su despacho deberá prestar atención a como calcular la ganancia patrimonial que finalmente tendrá que tributar. Hasta ahora, podíamos aplicar dos beneficios fiscales, los coeficientes correctores de inflación y los coeficientes de abatimiento. Pero a partir del 1 de enero del 2015, los primeros desaparecen, mientras que los de abatimiento quedarán limitados. ¿Cómo afectará esta situación a los profesionales? Unión Profesional ha elaborado un documento que pretende mostrar esta y otras cuestiones.

Cambios en el cálculo de la ganancia patrimonial sujeta a tributación 

Con la reforma fiscal, cuando vendamos un despacho, que no sea el propio o principal en el que desarrollamos nuestra actividad, una vez empiece 2015; en primer lugar, ya no podremos seguir aplicando los denominados coeficientes de corrección monetaria (provenientes del Impuesto de Sociedades) sobre el precio de compra si fue antes del 31/12/1994 para corregir el efecto de la inflación. Y en segundo lugar, para aplicar los coeficientes de abatimiento habrá un límite de 400.000 euros en el valor de venta del despacho o en conjunto con otros elementos patrimoniales. Se trata así, de una reducción de los beneficios fiscales.

¿Cómo opera esta nueva situación?: Cantidad de ganancia patrimonial sujeta a tributación

• Trabajemos con un ejemplo: 

Supongamos que adquirimos nuestro despacho el 10/04/1.992 por un valor 100.000 euros (16.638.600 pesetas de la época) y lo venderemos el 22/01/2.015 por un valor de 250.000 euros. Con lo que nuestra ganancia patrimonial bruta sería de 150.000 euros. 

- En primer lugar, calcularemos el porcentaje que supone el periodo, en número de días, desde la fecha de compra hasta el 20/01/2.006, (fecha límite que establece la ley 26/2014 de IRPF para aplicar coeficientes de abatimiento), sobre el número de días que el despacho haya estado en nuestro patrimonio. Es decir, el número de días desde la fecha de compra hasta la fecha de venta. El primer periodo llega hasta 5.022 días (13 años x 365 días + 255 días de 1.992 + 19 días del 2006 y 3 días bisiestos), mientras, el segundo periodo, más extenso, llega 8.309 días (22 años x 365 días + 255 días de 1.992 y 5 días bisiestos). Hablamos así, de un porcentaje del 60,57%, o lo que el mismo, el peso de 5.022 días sobre 8.309 días. 

 - Este porcentaje lo aplicaremos sobre nuestra ganancia patrimonial bruta de 150.000 euros y obtendremos la cifra de 90.855 euros. Por lo tanto, esta será la cuantía sobre la que podamos aplicar coeficientes de abatimiento. El resto, hasta los 150.000 euros, 59.145 euros, tributará normalmente en la base liquidable del ahorro. 

- Por último, para saber cuánto 'abatiremos' la cantidad de 90.855 euros, primero deberemos calcular el periodo de permanencia (en años y por exceso) del inmueble en el patrimonio del sujeto pasivo con límite en el 31/12/1.996 respecto a la fecha de compra del despacho. En nuestro ejemplo, serían 5 años, a los que habría que quitar dos como marca la ley. De modo que por cada año, abatiríamos la cantidad de 90.855 euros un 11,11%. En total, un abatimiento del 33,33% al ser solo tres años, 30.281,97 euros. Con lo cual, quitaríamos esta cuantía a los 90.855 euros, hasta dejarla en 60.573,03 euros. Cifra a la que habría que sumar los 59.145 euros que anteriormente dijimos no estaban sujetos a coeficientes de abatimiento. 

- Con lo que en total, nuestra base liquidable del ahorro llegaría a 119.718,03 euros, que tributarían de la siguiente forma: Tributarán a un 20% los primeros 6.000€, un 22% entre 6.000,01€ y 50.000€ y a un 24% que supere esta cifra. Ya en 2016, las tributaciones serán del 19%, 21% y 23%, respectivamente, frente, 21, 25, y 27% actual. 

¿Mayor tributación? Dependerá de la cuantía, lo que es evidente es la simplificación del régimen fiscal al eliminar el beneficio fiscal del coeficiente de actualización y limitar la aplicación del coeficiente de abatimiento... 

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Economía colaborativa: ¿nuevo modelo o parche del actual?

 «No existe una mejor prueba del progreso de una civilización que la del progreso de la cooperación». John Stuart Mill 

¿Se trata de un nuevo modelo económico?, ¿un movimiento social y cultural definido? o, quizás, ¿es una respuesta generada por el propio sistema económico para mercantilizar todos nuestros bienes y servicios?. 

Estas y otras cuestiones fueron planteadas y debatidas el pasado jueves en el seminario 'Economía colaborativa de consumo' que albergó el Congreso Nacional de Medio Ambiente 2014 (CONAMA). El consenso de este fenómeno se encuentra en que «empodera al consumidor», como afirmó Amaya Apesteguia, responsable del área de consumo colaborativo de la OCU, que incidió además en las nociones de «comunidad y confianza» como sus bases. Una apreciación que dimensiona al consumo colaborativo como un revitalizador de las lazos ciudadanos al actuar como «pegamento social» o bonding, así como de manera transversal al generar vínculos o 'tirar puentes' entre distintos grupos sociales que a priori no tendrían conexión, es decir, bridging, como sostuvo, Carmen Valor, profesora de la Universidad Pontificia Comillas. No en vano, se hizo alusión al I Congreso Internacional de Economía Social y Solidaria celebrado en Zaragoza la pasada semana y cuya conexión con la economía colaborativa reside en tejer la cohesión social y la sostenibilidad. No obstante, en palabras de Apesteguia el consumo colaborativo, como «movimiento social y cultural», presenta una serie de riesgos y desafíos, ¿cuáles son?

Retos de la economía colaborativa 

• El gran núcleo de las críticas que recibe la economía colaborativa se encuentra en asignar qué modo de regulación sería el más apropiado para marcar las líneas de actuación en materia de prosumidores (personas que ejercen de productores y consumidores al mismo tiempo), condiciones laborales o la seguridad de los datos personales. 

• Otra posible crítica se encuentra en diferenciar qué sectores y situaciones pertenecen a la economía colaborativa. Para ello, Carmen Valor recalcó que dentro de la economía colaborativa, es imprescindible «diferenciar entre lucro, gratificación y compartir costes». 

• Y de un modo más filosófico, se trataría de discernir si este modelo de economía colaborativa ha llegado para quedarse con entidad propia o, sin embargo, se trata de una mutación resultante en un «turbo capitalismo» como advirtió José Luis Fernández de la Cooperativa Garúa. Es decir, si la deriva de la economía colaborativa puede desembocar en un plena mercantilización de nuestra cotidianeidad, donde busquemos sacar rédito económico a todos nuestros conocimientos y posesiones dejando en un segundo plano el sentido de compartir y contribuir a un modelo más razonable en el consumo de recursos. 

Consulta pública sobre economía colaborativa de la CNMC

Tal es la preocupación o interés, que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha puesto en marcha un proceso de consulta pública sobre el consumo o la economía colaborativa con el objetivo de lograr un «desarrollo regulatoriamente eficiente», en dos sectores muy concretos: 

1. Sector del transporte urbano e interurbano de viajeros por carretera 
2. Sector del alojamiento vacacional

La consulta que consta de tres fases: objetivos públicos que persigue la regulación pública; efectos de los nuevos modelos económicos sobre el mercado y la regulación; nuevos modelos y regulación, ya ha completado la primera y recaba información hasta el 13 de enero del 2015 para la segunda fase que se centrará en los efectos de la economía colaborativa en los consumidores y el interés general.

Sin duda, la economía colaborativa seguirá dando que hablar, ¿nuevo modelo o alternativa temporal?

El Parlamento Europeo celebra un seminario sobre el Tratado Transatlántico entre EE.UU. y la UE

Falta de transparencia, márgenes difusos en los avances de las negociaciones y preocupación sobre los estándares de seguridad. Son, glosadas, las principales polémicas que comienzan a tener repercusión social y que pudieron comprobarse el 17 de noviembre en la sede del Parlamento Europeo en España donde tuvo lugar el seminario 'Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión - El Parlamento Europeo decide'. Basta, con echar un vistazo al hashtag #PEdecideTTIP que logró ser tendencia en Madrid. La jornada, necesaria por razones obvias, dejó unas conclusiones preliminares sobre las que conviene reflexionar. 

• Falta de transparencia

 «Los asistentes a este seminario destacan la importancia de la transparencia de las negociaciones y el debate plural, y, especialmente, las organizaciones sindicales reclaman diálogo social. Se ha criticado el acceso limitado a la documentación de las negociaciones del tratado». 

Se trata de la primera conclusión y más característica que dejó el seminario. El foco esencial de las críticas se relacionó con el Mandato del Consejo de la Unión Europea en el que establece las directrices de negociación sobre las que transitar. Un documento que estaba listo el 17 de junio del 2013 y que no ha sido hecho público hasta el 9 de octubre del 2014, si bien, fue filtrado. No obstante, Jochen Müller, analista político de la Comisión Europea, incidió en que se trata de una de las negociaciones comerciales que han tenido una mayor difusión hacia los estamentos sociales. 

• Márgenes de las negociaciones 

«El debate pone de manifiesto que el mecanismo de resolución de conflictos (ISDS) es uno de los asuntos que más controversia y rechazo provocan, entre ellos el grupo socialista, los sindicatos y gran parte de la sociedad civil. Todavía no está decidida su inclusión definitiva en el tratado, a la espera de la consulta ciudadana, y, en cualquier caso, se propone un método nuevo que evite abusos por parte de las empresas y proteja la libertad de los Estados para legislar». 

Santiago Fisas, eurodiputado por el Partido Popular Europeo, fue uno de los ponentes del seminario que se mostró más favorable a la implementación del ISDS, «aunque con limitaciones». Al igual que Inmaculada Rodríguez-Piñero, eurodiputada por los Socialistas y Demócratas que, incluso, fue más allá al afirmar que «no tendría que ser necesario». Asimismo, destacó como una de los temas a abordar en las negociaciones «el reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales para llevar a cabo, por ejemplo, asuntos de contratación pública». 

• Preocupación sobre los estándares de seguridad 

 «Los participantes en el seminario ponen de manifiesto los resultados de los distintos estudios sobre la repercusión del tratado, que van desde positivas perspectivas de crecimiento a conclusiones que alertan sobre pérdida de empleos». 

Como puso de manifiesto, Florent Marcellesi, portavoz de Equo en el Parlamento Europeo, «también deben ser tenidos en cuenta diversos estudios que plantean otros impactos de carácter económico que tendrían un signo negativo». Por ejemplo, como el estudio publicado por la Universidad de Tufts en EE.UU., que sostiene, entre otras argumentaciones, una reducción aproximada de 600.000 empleos en la UE con especial incidencia en los servicios, de aprobarse el TTIP. 

En definitiva, estamos ante unas negociaciones de gran envergadura política y económica que, hasta el momento, avanzan más rápido que el procesamiento y alcance social debido, fundamentalmente a un grado de transparencia insuficiente que limita el poder de reacción de la sociedad civil. La próxima ronda negociación del TTIP que está prevista para el mes de enero del 2015 ofrece una nueva oportunidad para mejorar la interacción de la UE con los ciudadanos.

Los profesionales se mantienen en el alambre del empleo

Lo ratificó esta martes la Comisión Europea: En España «se espera que la actividad económica se desacelere algo en la segunda mitad del año». Así concluye en su informe de Previsiones Macroeconómicas de otoño para la Eurozona y la Unión Europea. Una previsión que engarza con los datos de afiliación y desempleo de octubre, publicados también esta semana, los cuales reflejan una clara disminución en el ritmo de creación de empleo y en el aumento del paro por tercer mes consecutivo que, en conjunto, han dirigido 112.796 personas más a apuntarse a la lista de los que buscan trabajo.

A nivel europeo, el parón económico parece ocupar cada vez más las mentes de los dirigentes y ayer, Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE) anunció «de forma unánime el compromiso de usar estímulos adicionales si son necesarios» en un intento por disipar las dudas y la rigidez en la actuación del organismo. Por ello, dentro de esta atmósfera de nubes recesivas, destaca como las profesiones, no sin dificultades, mantienen una cierta fortaleza en la generación de empleo. 

• Sostenimiento del empleo en las actividades profesionales

En este sentido, si observamos el número de afiliados al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) de octubre, el 78,6% de las altas fueron realizadas en las categorías de actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades sanitarias y de servicios sociales; y educación. Pero además, en el último año (entre octubre del 2013 y del 2014), el 32% (26.216) de los nuevos autónomos son profesionales, científicos, técnicos, sanitarios y sociales. Es decir, 3 de cada 10. Una evolución positiva, aún con matices, pero sostenida. 

No obstante, en cuanto a los elementos que la CE expone en su informe para sustentar un cierto repunte de la economía para los años 2015 y 2016 no dejan ser ya agotados en su recorrido o excesivamente repetidos. Por ejemplo, que la ocupación tenderá a aumentar «debido a la continuidad de la moderación salarial y solo modestos incrementos de los costes laborales unitarios» —y aún así, vaticina un paro del 22,2% en el 2016— o, que las condiciones en el acceso a la financiación mejorarán. Por otro lado, también sostiene que la deuda pública seguirá su progresión por encima del 100% sobre el PIB. 

Precisamente, en materia fiscal, el Consejo General de Economistas, ha celebrado ayer y hoy, las Jornadas Tributarias, donde se han abordado desde una perspectiva crítica y técnica como nos afectará y podemos afrontar todos los aspectos relacionados con la reforma fiscal anunciada por el gobierno para el año 2015. 

Mientras, el nivel de cobertura por desempleo sigue cayendo, en concreto, un 57,07% de los parados no percibe ninguna prestación, un 6,0% menos que hace año. Por ello, las políticas de carácter social que reduzcan el nivel de precariedad y fomentan planes de inclusión laboral deben ser absolutamente prioritarias.