jueves, 7 de marzo de 2019

#ApunteEconómicoUP: Mujeres economistas referentes en sus áreas

Al hilo del Día Internacional de la Mujer es interesante visibilizar el trabajo académico de gran interés que han aportado muchas economistas en diversas áreas de conocimiento. De este modo, de acuerdo a la filosofía de este blog, nos centramos en la contribución novedosa de algunas economistas en varias de las esferas que más han avanzado en los últimos años como por ejemplo: la economía conductual, el estudio de la desigualdad y la macroeconomía. Sin embargo, no debemos olvidar la escasez de mujeres como referentes mediáticos en muchas otros espacios y disciplinas de estudio que aún es evidente aunque mejora progresivamente. Por tanto, sirva esta entrada del blog para hacer un breve repaso en la línea apuntada.


  • Economía del comportamiento: Justine Hastings y Christina Jolls 
Sin duda, una de las esferas de conocimiento que han ganado más relevancia en los últimos años es la economía del comportamiento o economía conductual por la que el economista Richard Thaler recibió el Nobel de Economía en el 2017. Junto a él, además de otros referentes más conocidos como Amos Tversky o Daniel Kahneman también hay mujeres economistas cuyo trabajo es muy destacable por su contribución y que también se pone cada vez más en valor. 

Por ejemplo, Justine Hastings, profesora de economía y asuntos internacionales y públicos en la Universidad de Browm así como investigadora en el National Bureau of Economic Reserarch (NBER), elaboró junto con Jesse Saphiro uno de los trabajos de investigación más relevantes acerca del concepto de contabilidad mental. Basado en el mayor o menor valor que otorgamos al dinero en función de su procedencia y de las decisiones que tomamos en su uso que no siempre son racionales. Su trabajo, citado por Thaler en su libro La psicología económica (Deusto, 2016), demostró en EE.UU. que ante la bajada del 50% en el precio del combustible en el 2008, el consumo de la gasolina de mayor calidad se incrementó más de lo esperado contra el pronóstico de la economía racional de que parte de ese ahorro de los usuarios se destinaría a otros consumos como, más viajes por carretera, ocio u otros bienes y servicios. 

Igualmente, Christine Jolls, profesora de derecho y organización en la facultad de derecho de Yale y una de las mayores referentes de la economía conductual, ha trabajado en explorar qué comportamientos adoptamos que escapan del marco de racionalidad predominante en el estudio del derecho y la economía. Tanto es así, que en el artículo académico, A Behavioral Approach to Law and Economics junto a Thaler y Cass Sunstein, argumentaron como podía alterarse la percepción de la probabilidad de ser descubierto en la comisión de un delito. Para ello, se centraron, como ejemplo sencillo, en la notificación de las multas de aparcamiento en Chicago que pasó de notificarse mediante una nota en el parabrisas a ponerse como un adhesivo potente de color naranja muy llamativo en la ventanilla del vehículo, lo que actuaba de señal para el resto de conductores con el objeto de disuadir la comisión de esa infracción. 


  • Desigualdad: Esther Duflo 
En el campo de la desigualdad económica, uno de los nombres que han ganado más prestigio en los últimos años es el de la economista francesa, Esther Duflo, profesora de Reducción de la Pobreza y Economía del Desarrollo en el MIT, que recibió el Premio Princesa de Asturias de las Ciencias Sociales en el 2015 por su trabajo acerca de la desigualdad y la pobreza. Desde el propio galardón se elogió su labor al haber «aplicado con originalidad métodos experimentales para evaluar la eficacia de las políticas contra la desigualdad económica y social, especialmente en África, Asia e Iberoamérica». Por ejemplo, la propia Duflo sostiene que los sistemas tributarios son demasiado complejos y evitan que sean más progresivos. En esta línea, citamos su contribución en el artículo sobre la desigualdad del número 159 de la revista Profesiones.  


  • Macroeconomía: Carmen Reinhart 
Finalmente, en el ámbito de la macroeconomía, Carmen Reinhart, doctora por la Universidad de Columbia y editora de diversas revistas académicas de economía valoradas como la American Economic Review, se ha erigido en los últimos años una de las figuras más reconocibles por sus aportaciones. Sin ir más lejos, en diciembre del 2018 recibió el Premio Rey Juan Carlos I de Economía en reconocimiento a sus investigaciones para obtener una mayor comprensión en la formación de las crisis financieras, que tienen patrones similares, y el movimiento de los flujos de capital. Cabe destacar su libro en colaboración con el economista Kenneth S. Rogoff Esta vez es distinto: ocho siglos de necedad financiera (Fondo de Cultura Económica de España, 2011).

miércoles, 27 de febrero de 2019

#ApunteEconómicoUP: Sobre la publicidad y marketing en servicios profesionales

Recientemente, se ha conocido la publicación del libro Marketing para las empresas de servicios profesionales (Ediciones Pirámide) del consultor Juan Carlos Alcaide. En su blog, El consumidor que viene, alojado en el diario Expansión realiza una breve glosa sobre los aspectos principales que configuran los servicios profesionales y en qué puede consistir su marketing. Una obra que, a buen seguro, guarda información de especial interés. 

Si bien, al hilo de sus premisas, es interesante apuntar algunas cuestiones de desarrollo y marco sobre los servicios profesionales, que en nuestro caso, entendemos genuinamente, como las prestaciones que realizan los profesionales colegiados a los clientes y pacientes. Mientras, el autor se pregunta si «¿acaso no son servicios profesionales los de un fisioterapeuta, un coach, un nutricionista o un diseñador gráfico?». 

  • ¿Qué es un servicio profesional prestado por un profesional colegiado? 

Entre las características que el autor relata de los servicios profesionales, en primer lugar, cita la intangibilidad. Ciertamente, los servicios profesionales se mueven en el terreno de lo intangible en la medida que son servicios y no pueden asegurar siempre un buen resultado, como por ejemplo en los sanitarios. En definitiva, hablamos de credence goods, o bienes de confianza pues el cliente o paciente no puede evaluar con precisión en ningún momento de la prestación, antes o después, el nivel de calidad que recibe. 

Igualmente, expone el personalismo característico de la prestación de los servicios profesionales cuyo éxito centrado en un profesional puede producir que reciba el encargo de demasiados servicios llevándole a un «colapso personal». Sobre esto, subyace el concepto de productividad. Por ejemplo, si hablamos de un profesional colegiado en ejercicio por cuenta propia, su número de servicios prestados de acuerdo al tiempo y medios empleados, deberá estar en consonancia con el nivel de calidad suficiente que ha de tener cada servicio. De tal modo, siempre será necesario tener en cuenta que prestar más servicios en menos tiempo y con menos medios, a pesar de que hará crecer la productividad afectará negativamente al servicio a la sociedad. 

Y conectado con el nivel de productividad, se encuentra la heterogeneidad intrínseca que acompaña la prestación que se deduce de la afirmación de «el nivel de variabilidad que puede existir en un mismo servicio». En consecuencia, cuando hablamos de servicios profesionales no podemos estandarizar su prestación, pues cada cliente o paciente precisará un marco prestacional diferente y, por ello, la articulación del marketing deberá considerar esta fenómeno. 

  • Publicidad que no dañe la profesión ni el secreto profesional

En cuanto al tipo de consumidor de servicios profesionales destaca de él su exigencia, su proceder eminentemente tecnológico y, además, apunta que está 'infoxicado'. Es decir, intoxicado de información. Y, precisamente, este último es uno de los aspectos críticos en la prestación de servicios por los profesionales colegiados cuando efectúan su marketing que, según Alcaide, ha de «atraer, vender, lograr experiencias positivas y diferenciales... y dignas de ser contadas: y fidelizar y retener a clientes rentables». 

En este sentido, si los potenciales clientes o pacientes están intoxicados de información, afectados por graves asimetrías de información, que les puede llevar a demandar servicios que no necesitan realmente, un profesional colegiado sujeto a su código deontológico no entrará, o no debería entrar, en esa dinámica de acceder a sus demandas, sino reconducir a prestarle el servicio adecuado que precise. De lo contrario, se puede incurrir en fenómenos como la demanda inducida para ganar mayor cuota de mercado y retener entonces a clientes o pacientes con cierto grado de manipulación. 

Por tanto, referimos que las técnicas de marketing deben ser cuidadosas y honestas con el usuario de servicios profesionales cuya demanda emana más de la necesidad frente a otras motivaciones más prescindibles. 

Asimismo, en materia de publicidad como el arma más potente del marketing, cabe recordar que la ley de colegios profesionales recoge, efectivamente, en su artículo 2.5 que las corporaciones colegiales pueden recoger en sus estatutos además de en los códigos deontológicos de cada profesión algunas previsiones que exigen a los profesionales que sus comunicaciones comerciales se ajusten a la ley y, por tanto, guarden la integridad de la profesión y el secreto profesional. 

En consecuencia, todo ello abona un terreno delicado en cuanto a la articulación del marketing en los servicios profesionales que prestan los profesionales colegiados y que no se corresponde con los parámetros más genéricos de otros sectores, sino que versan sobre material sensible sobre los derechos de las personas.

miércoles, 30 de enero de 2019

#ApunteEconómicoUP: ¿Uberización en servicios profesionales?

Estos días somos testigos de una nueva confrontación entre dos modelos económicos en el sector de la movilidad urbana entre los taxis y las plataformas digitales de vehículos de transporte con conductor (VTC) de Uber y Cabify. Más allá de sus consideraciones concretas, la solución habrá de pasar por una regulación que deberá atender los nuevos hábitos de consumo del transporte privado atendidos por estas empresas asegurando la necesaria calidad y seguridad, para que puedan cohabitar con el servicio público del taxi, que habrá de alejarse también del mercado secundario especulativo de sus licencias. En definitiva, estamos ante un nuevo escenario planteado por la economía colaborativa que ha venido para quedarse y transformar muchos ámbitos a través de lo que se denomina uberización de la economía. En lo que nos ocupa en este blog, nos centramos en su impacto en el subsector de los servicios profesionales. 

  • Plataformas digitales sobre servicios profesionales 

Es evidente que cada vez son más las plataformas digitales existentes en el ámbito de los servicios profesionales como los jurídicos o sanitarios. En ellas, el denominador común se centra en que los profesionales se registran y, de acuerdo a su especialización, se les asigna o pueden escoger qué servicio prestar dentro de la batería de cuestiones que plantean desde el otro lado, los potenciales clientes o pacientes. En resumen, hablamos de aplicaciones que acortan el tiempo de emparejamiento entre oferta y demanda en un mercado. Pero el mercado de los servicios profesionales tiene una serie de particularidades que es preciso atender. 

A considerar por el profesional: 
  • Riesgo de industrializar la prestación de los servicios profesionales 

Si algo caracteriza la prestación de servicios profesionales es el conocimiento especializado de los profesionales, la asimetría de información que acusa el cliente y paciente, y el carácter heterogéneo de cada servicio. Es decir, no es posible estandarizar ni clasificar la prestación de un servicio profesional pues cada cliente o paciente presenta unas singularidades que el profesional no puede obviar y que hace que la prestación deba ser heterogénea para que sea más efectiva. Con estas aplicaciones se abre la puerta a distorsionar o no contemplar este marco en aras de una mayor productividad mal entendida en detrimento de los distintos recursos y tiempo necesarios que precisa cada usuario.

Algunos de los sistemas de incentivo, sobre todo en las de perfil jurídico, se sustentan en que a mayor cuota de suscripción pagada por el profesional, el flujo de clientes que se le ofrece tiende a ser mayor. A tal efecto, surgen algunos interrogantes o espacios difusos, dado que en algunas profesiones, sus códigos deontológicos no permiten que los ejercientes paguen algún tipo de contraprestación a un tercero para que se les suministre clientes. Situación que con ciertas dinámicas de estas aplicaciones se bordea. 

En otros, son los clientes los que exponen su caso y el máximo desembolso al que están dispuestos, dando lugar a una puja a la baja por los profesionales para hacerse con el caso. Sin duda, dinámicas peligrosas puesto que la calidad del servicio que recibe el usuario puede quedar muy comprometida. 

A considerar por el usuario: 
  • Permanece el riesgo de selección adversa

Por otra parte, entre los bondades que arroja este nuevo modelo, cierto es la rapidez que puede lograrse en encontrar un profesional por parte de un usuario. A menudo, la exploración de estos puede ser errática, sesgada o, en el mejor de los casos, se obtiene una recomendación de algún profesional por parte de algún familiar o conocido. Sin embargo, ello no elimina el riesgo de selección adversa, pues no necesariamente los profesionales más competentes y adecuados pueden estar en la aplicación. 
  • La valoración de los usuarios sobre un profesional no es un parámetro fiable 

En esta línea, que uno de los criterios en la elección del profesional sea la valoración que de estos han realizado los usuarios tampoco ha de ser un parámetro inequívoco. Entre otras cosas por dos cuestiones: la calidad de los servicios profesionales, como bienes de confianza definidos así en economía, no puede ser valorada con exactitud por el cliente o paciente en ningún momento de la prestación. 

En el imaginario público suele asociarse que la consecución del éxito de un profesional se contempla especialmente cuando ha logrado lo que el usuario pretendía. No obstante, en ocasiones hay determinadas cuestiones técnicas o de salud que no pueden solventarse o llevarse a buen puerto aunque el profesional haya efectuado su prestación con la mejor coordinación de medios y conocimiento especializado.

viernes, 21 de diciembre de 2018

#ApunteEconómicoUP: Sobre la visibilización y uso de la riqueza pública

Como es costumbre, en el repaso de cuestiones económicas tales como la medición y uso de la riqueza de un país, es posible hallar posturas antagónicas que merece la pena considerar para tener un mejor punto de referencia en la tarea de análisis. Recientemente podemos referirnos a dos perspectivas: una, más heterodoxa, que apuesta por un método diferente y más amplio en la medición de la riqueza de un país en el que se deberían ponderar los recursos públicos; y otra, más ortodoxa en su presentación, que aboga por la explotación de los activos públicos, ocultos para la medición económica, para que sean autosuficientes y generen sus propios ingresos. En ambas, se parte de que la riqueza pública no está visibilizada; su diferencia, en cómo interpretarla y aprovecharla. 

Ampliar el concepto de riqueza en su medición 

A través de una mirada heterodoxa de la economía, Laurie Macfarlane, miembro asociado del Instituto para la Innovación y el Propósito Público en el University College de Londres, presenta en un artículo su crítica a la medición de la riqueza nacional. A su parecer, actualmente «algo solo puede convertirse en un activo una vez que se ha convertido en propiedad». Una propiedad que suele estar asociada al poder en manos privadas y que se refleja en los principales indicadores económicos. En consecuencia, cuando pretende calibrarse la riqueza de un país, se encuentra «sesgada hacia la mercantilización y la privatización, y en contra de la socialización y la provisión universal». De algún modo, la riqueza pública queda invisibilizada. Como ejemplo, sostiene que las pensiones privadas se suman como un componente más de la riqueza según la OCDE, mientras que las pensiones públicas no son contabilizadas en este concepto de riqueza aún cuando estas pueden ser superiores a las privadas. Por ello, aboga por una visión crítica y no conformista con la ideología que pueda estar detrás de las métricas económicas y la evaluación de las políticas. 

Una perspectiva a considerar siempre que no suponga introducir unos sesgos ideológicos que se contrapongan a otros, sino que la medición de la riqueza se obtenga gracias una mayor visión holística de lo que supone en una economía, una sociedad, y se realice con la mayor solidez estadística. 


Rentabilizar los activos públicos 

Por su parte, con un enfoque más ortodoxo de la corriente económica que emana del Consenso de Washington, Dax Detter, ex director del Ministerio de Industria de Suecia y autor del libro The Public Wealth of Cities (Brookings Institution, 2017), construye un argumento que pretende visibilizar y rentabilizar el potencial económico de los activos públicos de un país. De hecho, de acuerdo a un informe del 2018 del Fondo Monetario Internacional (FMI), los activos públicos suponen el 219% del PIB en el 61% de la economía mundial. 

De tal manera, para el autor la gestión profesional e independiente de estos activos como aeropuertos, recursos financieros, metro, empresas públicas o edificios... «podría generar más ingresos anualmente que los impuestos corporativos —a empresas—». Su debate se sitúa en bifurcar la propiedad de los activos que posee una administración, de su gobernanza, para que sea privada y, conforme se infiere, más eficiente. El resultado de aplicar esta política de gestión redundaría en una mayor sostenibilidad y autosuficiencia de las finanzas públicas a su juicio. Una iniciativa que ya ha sido empleada en países como Singapur o Hong Kong. 

La sugerente propuesta en un momento en el cuál el sostenimiento del conjunto de los activos y de prestaciones públicas genera una intensa controversia, también requiere un análisis previo. Especialmente, sobre dos cuestiones: la primera, en relación a cuando da a entender que la gestión pública de los activos de una administración tiene a ser errática y deficiente frente a la privada, más efectiva y maximizadora de ingresos. Una lectura que no puede asumirse como tal sin un estudio pormenorizado de contextos, casos y matices en cada tipo de activo y servicio público para obtener su mejor proceder. Y la segunda cuestión, vinculada a la primera, es que llevado este modelo al extremo, el diseño futuro de los activos públicos estaría más condicionado por las peticiones de los gestores privados que a la petición de la sociedad a quién se da servicio público y es la razón de ser de estos.


Más debates añadidos y papel de las profesiones  

En cualquier caso, también se puede apuntar un debate tangencial más profundo sobre la mejor provisión de los servicios públicos. Desde el punto de vista del derecho administrativo y del derecho de la competencia supone una distorsión que, por ejemplo, existan empresas de titularidad pública con gestión privada que intervengan en el mercado, pues compiten con mayores recursos que los agentes privados y, de otro lado, las administraciones pierden el control sobre la gestión de los servicios públicos que pretenden ofrecer a la sociedad, lo que no siempre es deseable. 

Dicho esto, en el camino de lograr una correcta y deseable gestión de los activos y servicios públicos, independientemente de que sea pública o privada, las profesiones colegiadas juegan un papel fundamental pues introducen su criterio técnico e independiente que ha de sobreponerse o, al menos, considerarse junto con las voluntades políticas y los datos meramente cuantitativos no evaluados o sesgados.

miércoles, 28 de noviembre de 2018

#ApunteEconómicoUP: Las profesiones lideran el gasto en I+D en el 2017

Si se quiere observar cuál es el grado de avance y competitividad de una economía, uno de los focos de atención ha de dirigirse al gasto en I+D. En el año 2017 nuestro país destinó 14.051,6 millones de euros al desarrollo de I+D que supone un crecimiento del 6,0% sobre el 2016. Ello se traduce en un 1,20% del PIB, una centésima más que el año anterior, pero lejos del máximo del 1,40% alcanzado en el 2010 de acuerdo a la publicación de la Estadística de Actividades de I+D del Instituto Nacional de Estadística (INE). En cualquier caso, son datos que sitúan a España aún rezagada en relación con los principales países de nuestro entorno que se mueven en porcentajes en torno o superiores al 2% del PIB según los datos del Banco Mundial. No obstante, conviene contemplar más en detalle la estadística del INE pues hay algunas evoluciones sectoriales interesantes y, especialmente, en las profesiones. 


  • Un tercio del gasto total empresarial en I+D 

A nivel empresarial el gasto en I+D llegó a 7.717,4 millones de euros con un avance anual del 8,30%. Las categorías más vinculadas que conformarían el subsector de servicios profesionales desembolsaron un gasto de 2.298,2 millones de euros con un aumento casi calcado del 8,29%. De este modo, el ámbito empresarial de las profesiones realizó el 29,78% del gasto total en I+D, ciertamente estable en los últimos años, y si solo nos remitimos al sector servicios este porcentaje se alza hasta el 60,79% lo que convierte al subsector de los servicios profesionales en el más relevante en esta materia de gasto. Si descendemos, vemos alguna diferencia entre las dos categorías principales: por un lado, las actividades profesionales, científicas y técnicas hacen el grueso de este gasto con 2.219,9 millones de euros y un incremento del 6,43% sobre el 2013. Mientras, las empresas dedicadas a las actividades sanitarias y de servicios sociales con un gasto este año de 78,7 millones de euros acumulan una caída del gasto en I+D del 13,51% desde el 2013. Otros sectores relevantes que también efectúan un gasto significativo son información y comunicaciones con un 10,49%, la industria farmacéutica con un 9,04% y programación y consultoría con un 7,63%. 


  • Menos mujeres dedicadas al I+D, pero mayoría en actividades sanitarias y sociales 

Por otro lado, es de especial consideración el personal dedicado al I+D en las empresas al tratar de investigadores, técnicos y auxiliares. Así, en el año 2017 hubo 137.057 personas en empresas dedicándose al I+D de las que solo 41.288, el 30,12%, son mujeres. En el caso del subsector de los servicios profesionales la situación, a pesar de ser mejorable, es más positiva e igualitaria con 14.711 mujeres de las 39.082 personas que se dedican al I+D, un 37,64%. De hecho, en las actividades sanitarias y de servicios sociales de las 2.860 personas dedicadas al I+D, el 62,87% son mujeres, 1.798. Mientras, en las actividades profesionales, científicas y técnicas, este porcentaje es del 35,65% con 12.913 mujeres sobre las 36.222 personas que realizan actividades de I+D en estas empresas. 


  • Las ciencias médicas lideran el gasto en I+D en el sector público 

A nivel de las administraciones públicas la estadística también arroja datos interesantes. Como ejemplo, se dedicaron 882,03 millones de euros al gasto en I+D en las ciencias médicas, el 35,35% de todo el gasto público en esta cuestión. Muy seguidas, estuvieron la ingeniería y tecnología con 630,7 millones de euros, con un 25,28% del total. Asimismo, en términos de personal, de las 58.497 personas dedicadas al I+D en el ámbito público, 31.610 fueron mujeres, el 54,04% lo que contrasta con el sector privado. De este modo, en las ciencias médicas el porcentaje de mujeres fue del 61,17% del total, mientras que en ingeniería y tecnología baja hasta el 40,30%.

jueves, 11 de octubre de 2018

#ApunteEconómicoUP: El Nobel de Economía 2018 y su relación con las profesiones, el conocimiento y el medioambiente

William D. Nordhaus y Paul M. Romer recibieron el pasado 8 de octubre el Nobel de Economía otorgado por el Banco de Suecia en honor a Alfred Nobel. Un galardón concedido por sus significativas aportaciones acerca de cómo lograr un «crecimiento económico sostenido y sostenible a largo plazo» según afirma la entidad sueca. En el caso de Nordhaus, al estudiar la relación entre la economía y la naturaleza, y de Romer, al describir y ponderar el papel del conocimiento en el crecimiento económico. 


  • CONAMA, ODS y profesiones colegiadas 

Al focalizarnos en las investigaciones de Nordhaus, cuyos modelos de análisis examinan la interrelación de la economía y el clima, así como cuestiones de política climática con la imposición al carbono, implica un gran interés en el ámbito de las profesiones colegiadas por diversas razones. Entre ellas, la próxima celebración de la 14ª edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) del 26 al 29 de noviembre que contará con una actividad especial por parte de Unión Profesional (UP) que abordará La labor de los Consejos y Colegios Profesionales en la consecución de los ODS climáticos

Una acción enmarcada también en la participación de UP en el Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030: Hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible. Con esta actuación se subraya el compromiso de las profesiones por incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas en los valores del ejercicio profesional y en la cultura colegial, que ya viene desde hace años. 

Si nos remontamos a la anterior edición del CONAMA en el 2016, UP presentó el estudio titulado Peak Stuff: ¿puede el desarrollo económico consumir menos recursos naturales físicos? que analiza «el vínculo entre el consumo de recursos naturales en la fabricación de bienes y servicios y el desarrollo económico en España». Así, se demostraba que a partir de un determinado nivel o punto de inflexión suficientemente avanzado de la economía de un país, se comienza a emplear menos recursos naturales físicos. Y, precisamente, en ese tránsito, se observa un impacto de las profesiones en su contribución a la optimización y consumo sostenible de los recursos. 

  • Conocimiento y progreso tecnológico 

Por su parte, del trabajo de Romer se puede destacar que «las ideas son diferentes a otros bienes y requieren condiciones específicas para prosperar en un mercado». Su contribución se focaliza en la teoría del crecimiento endógeno en contraposición a los modelos de crecimiento neoclásicos donde el progreso técnico es una variable exógena dada y la única capaz de generar más crecimiento pues la intervención de la política económica a largo plazo no influye. 

Mientras, en la teoría endógena se contempla cómo las condiciones del capital humano o la innovación fomentan a través del conocimiento un crecimiento económico más deseable y sostenido. Y es ahí, donde las profesiones juegan un papel fundamental. Por ejemplo, solo en España el subsector de servicios profesionales generó, a nivel empresarial, el 17,2% del gasto en innovación tecnológica y el 29,8% en el gasto en I+D en el 2016 a partir de los datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE).

miércoles, 26 de septiembre de 2018

#ApunteEconómicoUP: ¿Afecta ya la desaceleración económica a las profesiones?

En las últimas semanas, diferentes instituciones nacionales e internacionales han actualizado sus previsiones económicas para diferentes países, incluido España. Las líneas generales coincidentes apuntan a una moderación en el avance del PIB por debajo del 3% producido entre otros motivos, por una pérdida de ritmo en la creación de empleo, que a su vez arrastra al consumo privado, el cual supone casi dos tercios de nuestra economía. A ello, se añade la escalada arancelaria de fondo entre EE.UU. y China que, por sus efectos interrelacionados con el resto de países, se empieza a notar en la demanda de los mercados exteriores; por ejemplo, China importa muchos factores productivos a otros países de su entorno que después ensambla en su territorio. Todo, junto con una subida en los últimos meses del precio del petróleo que repercute en la formación de los precios. 

Para el Banco de España, que ha revisado a la baja sus proyecciones macroeconómicas para España en el periodo entre el 2018 y el 2020, recomienda además de corregir el elevado endeudamiento público, aplicar una agenda reformista en los mercados de factores y productos. En esta línea, se muestra la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que vuelve a señalar incluso que «reducir aún más las barreras en los sectores de servicios traería aumentos de empleo y productividad». Mientras, el Banco Central Europeo sitúa al crecimiento de la eurozona por debajo del 2% ya en el 2019 por la debilidad del comercio mundial y la escasez de mano de obra. 

  • Factores externos: menor demanda exterior de servicios y apreciación del euro 

Uno de los principales motores de crecimiento de la economía española son las exportaciones cuando la demanda interna se estanca. Durante la fase más aguda de la crisis, esta búsqueda de mercados exteriores incentivó la inversión, que se tradujo en más empleo y, finalmente, en una recuperación del consumo. Ahora, nos encontramos en un escenario inverso de freno en este motor comercial que para las profesiones se empieza también a acusar. 

Según la Encuesta de Comercio Internacional de Servicios publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) durante el segundo trimestre de este año los servicios técnicos, entre los que se encuentran los de arquitectura e ingeniería, experimentaron un retroceso del 6,7% anual en las exportaciones. A falta de mayor detalle, si nos remitimos a los últimos años, los países de la eurozona solo suponen el 36,1% en millones de euros del destino exportador de la partida de servicios empresariales, donde se incluyen buena parte de los servicios profesionales de mercado. Para los servicios técnicos, de hecho, es incluso inferior con un 30,5%. 

Además del debilitamiento de los flujos comerciales mundiales, también hay que considerar el tipo de cambio que puede hacer más atractivos o no nuestros bienes y servicios; pero en los últimos meses, la apreciación del euro frente al resto de divisas podría estar pesando algo más en la decisión nuestros socios comerciales fuera de la eurozona. No obstante, la partida de consultoría y gestión empresarial, a pesar de reducir su ritmo anual de exportaciones en los últimos trimestres, creció el 12,5% en el segundo de este año. Si bien, el destino de sus exportaciones se destina en un 48,9% hacia los países de la eurozona y evita más el efecto del tipo de cambio. 

  • Factores internos: más estabilidad en empleo y facturación 

En el ámbito doméstico el comportamiento de las profesiones presenta rasgos más sólidos hasta ahora si atendemos a los niveles de facturación y empleo. Los datos de afiliación del mes de agosto presentaron un balance consistente con los últimos años en el subsector de servicios profesionales. Incluso, su ritmo anual de creación de empleo es muy superior, con un 4,60% anual en agosto, al del conjunto de la economía con un 2,89%. anual. En cualquier caso, sí es cierto que desde marzo, estos porcentajes se han ido moderando. 

Entre las excepciones más significativas se encuentran los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería con un incremento de afiliación anuales creciente cercano al 7% gracias al repunte del sector de la construcción. Y también, rozando casi el 8% anual más de afiliación la categoría de servicios sociales sin alojamiento, es decir, los servicios prestados de asesoramiento, bienestar social y orientación a personas mayores o discapacitadas en su domicilio. Un dato que invita a reflexionar también. 

En cuanto a los niveles de facturación de los servicios profesionales de mercado, el balance agregado también soporta, por el momento, cierta serenidad pues los datos corregidos de efecto estacional y de calendario se muestran con un 11,5% anual, por encima del conjunto del sector servicios con un 7,0% anual.

viernes, 14 de septiembre de 2018

#ApunteEconómicoUP: Una década de la caída de Lehman Brothers, algún aprendizaje y reconocimiento para las profesiones


Too big to fail... Es el dogma en el que creía el mundo financiero y, de paso, el resto de los mortales justo antes de la caída del gigante banco americano, Lehman Brothers, el 15 de septiembre del 2008 que supuso el detonante principal de la Gran Recesión que vino después, con un hundimiento de la actividad económica mundial que no se producía desde la Segunda Guerra Mundial y los años 30 con la Gran Depresión. 


  • ¿Cómo llegamos a esto?

Si nos remontamos al 9 de agosto del 2007 encontramos el primer signo serio de alarma de que algo no iba bien y la fiesta había terminado. El banco francés BNP suspendió tres fondos de inversión ligados a hipotecas, y puso de manifiesto el núcleo del problema: las hipotecas subprime, o de alto riesgo, concedidas por la banca a aquellos clientes de menor solvencia y mayor riesgo de impago con el objetivo de generar más beneficios. Los intereses de estas hipotecas eran más elevados y las mismas eran titulizadas en partes para configurar productos de inversión de gran opacidad que ofrecían, en consecuencia, rentabilidades más altas cuya garantía de fiabilidad era inflada por las agencias de calificación en connivencia con la banca. 

Años atrás, con la explosión de la burbuja puntocom en el 2000, se bajaron los tipos de interés y se inyectó liquidez para activar la economía. Gran parte de ese estímulo se destinó, gracias a una regulación ciertamente permisiva, a fomentar la compra inmobiliaria residencial dando como resultado una escalada en los precios de la vivienda que parecía infinito y cuyo auge se produjo entre el 2005 y el 2006. Con los primeros signos de inflación, la Reserva Federal inició la subida de los tipos de interés en el 2004 y la presión en las cuotas de esas hipotecas basura empezó a generar una ola de impagos y de desempleo ante la reducción del consumo y la menor confianza. 

Lehman Brothers no fue más que el icono paradigmático de esta ingeniería financiera y la onda expansiva de su derrumbe se progagó al resto del mundo que, en mayor o menor medida, había aplicado la misma receta. Hoy parece existir un mayor consenso en que dejarlo caer no fue lo adecuado, más bien se trató de un experimento de resultados no suficientemente calculados, para concluir que fue la excepción que confirma la regla: hay entidades sistémicas cuyo volumen e interrelación con el resto difícilmente pueden desaparecer o al menos, dejarlas caer de un plumazo, por encima incluso del concepto de riesgo moral. Por ello, la regulación se convierte en el instrumento más potente para prevenir este tipo de situaciones antes de llegar al rescate. 

  • Más independencia de criterio, más reconocimiento a la labor profesional 

Recordar lo sucedido y el contexto de este periodo se antoja vital. 10 años después nos encontramos ante un escenario con algunas señales que nos recuerdan el caldo de cultivo que propició la crisis (sobre las que profundizaremos en próximas entradas). Por ejemplo, un periodo demasiado prolongado de bajos tipos de interés con excesiva liquidez, un repunte en la concesión de préstamos hipotecarios y cierto sobrecalentamiento en el nivel de precios de la vivienda y el alquiler en los principales núcleos urbanos de nuestro país. Dinámicas que se repiten y justifican también a nivel discursivo en la calle. Sin embargo, hay algunas diferencias, entre ellas, que la dimensión de dichas dinámicas todavía no es tan relevante a nivel agregado y existe una regulación y práctica bancaria más sólida en cuanto a provisiones y valoración de riesgos. En cualquier caso, aún no es suficiente, pues «se está todavía lejos de poder controlar todo el perímetro de instrumentos financieros que se crean cada día» reflexiona el economista, Santiago Carbó. 

En todo este universo y época las profesiones han jugado un papel a considerar en muchos sentidos. Por un lado, el ejercicio por cuenta ajena de muchos profesionales fue alterado e intervenido al conminarles desde los órganos de dirección a prácticas que si bien, no eran ilegales, sí iban en contra del interés general de muchos usuarios. Basta mencionar a economistas que operaban en la banca y vendían productos no adecuados al perfil de los clientes a través de publicidad engañosa o, al menos, confusa. Todo con una fuerte presión laboral para cumplir objetivos de venta. Por ello, más allá de que la mala praxis o proceder fuera consciente en algunos casos, hoy sigue siendo necesario reforzar, como ya sucede desde las organizaciones colegiales, tanto el control deontológico como la independencia de criterio profesional en el ejercicio por cuenta ajena para evitar ciertas situaciones de perjuicio a los clientes y pacientes. 

Pero también cabe reconocer la entrega de los profesionales de todas las áreas que contribuyeron y contribuyen a mejorar el nivel de bienestar de la sociedad a través de la prestación de sus servicios siempre basados en su mejor criterio y asesoría en cuestiones de índole sanitaria, social, docente, técnica, jurídica, económica y científica. Más que nunca, el acto profesional debe defenderse como garantía del interés general de los ciudadanos frente a las inevitables fluctuaciones de los ciclos económicos y las regulaciones no responsables ni deseables.

viernes, 20 de julio de 2018

#ApunteEconómicoUP: Más allá de la información asimétrica: cómo nos puede interpretar el profesional

La realidad no deja de ser una fuente ilustrativa de situaciones que nos permiten analizar las diferentes dinámicas socioeconómicas y que, para nuestro caso, se centra en los servicios profesionales. Para muestra, recientemente el Juzgado de Primera Instancia 31 de Barcelona declaró la nulidad de una clausula multidivisa de una hipoteca ofrecida por Caixabank. El motivo, la insuficiente información que fue suministrada a los clientes, justificada desde la entidad bancaria por el elevado nivel cultural y económico mostrado: una pareja de neurocirujanos. Con todo, la sentencia sostiene que «entre las partes existía un manifiesto desequilibrio que debía suplir la entidad ofreciendo información puntual». A bote pronto, el primer análisis arroja un diagnóstico en el que, de nuevo, la asimetría de información ha sido explotada por el banco en detrimento de los clientes. No obstante, el diagnóstico es más complejo de lo que podría parecer y hay evidencias estudiadas al respecto sobre su aparición. 

Como es evidente, la asimetría de información tan característica entre el profesional respecto al cliente o paciente es muy acusada. Ante ello, la creencia popular y también determinados análisis económicos defienden que esta situación puede ser mitigada e incluso solventada si el usuario de servicios profesionales posee una mayor información fruto de su consumo más repetido o su pericia, entre otros factores. Sin embargo, en los últimos años ha surgido una corriente de investigación que contradice o, al menos, matiza este razonamiento. 

  • Las señales que emitimos pueden ser contraproducentes ante un mal profesional 

Schneider et al. (2016) en su estudio vienen a corroborar una serie de intuiciones que se producen en la prestación de servicios profesionales. De tal modo, recogen que el hecho de que un consumidor pueda tener más información puede llegar a ser incluso contraproducente ante un mal profesional que puede aprovecharla para ofrecer un servicio más afinado en contra de los intereses del cliente o paciente. Nos referimos a una cuestión de sobreprecio, o inducirle a la adquisición de un servicio que realmente no necesita. 

A través de la observación de otros estudios de campo, es realmente novedoso atender a cómo puede reaccionar un profesional ante la información y las señales que pueda emitir consciente o inconscientemente una persona que precisa un determinado servicio. Las características que puedan ser identificables de un cliente o paciente se convierten en determinantes para un profesional que pretenda ofrecer servicios de corte fraudulento. Características como su nivel de ingresos, ciudad de origen, profesión, etc. que se verbalice o deje entrever. Asimismo, si ese mal profesional detecta que el beneficio esperado de suministrar un servicio que no es el adecuado le puede reportar una mayor beneficio las probabilidades de que suceda esa prestación no deseada son mayores. 

Si volvemos a releer el caso que abría este artículo podemos establecer un cierto paralelismo con lo expuesto. En síntesis, el banco observó una serie de señales de los potenciales clientes, sobre esa base, les omitió cierta información relevante y, de ese modo, les indujo a la contratación de un servicio más afinado para los intereses de la entidad que para ellos. 

Por todo ello, es necesario volver a recordar la necesidad de la colegiación de los profesionales con el objeto de que se pueda realizar un control deontológico independiente y así evitar este tipo de casuísticas perjudiciales para la sociedad. Además, las organizaciones colegiales también contribuyen a proveer de información a los potenciales clientes o pacientes sobre los profesionales que están en ejercicio siempre con el respeto a la competencia.

miércoles, 27 de junio de 2018

#ApunteEconómicoUP: La necesidad de ética y deontología profesional en el desarrollo tecnológico

En el año 2025, el mercado relacionado con el modelo de Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT) supondrá 1,1 billones de dólares en todo el mundo según un informe de la división Intelligence de GSMA, la organización internacional de operadores móviles y compañías relacionadas. Tal es el potencial del IoT, definido como la interconexión digital entre dispositivos para facilitar el uso de la tecnología por los usuarios, que en el periodo 2010 - 2025, los ingresos generados solo representarán el 5% de lo que se podría obtener únicamente en el 2025. 

Las fuentes de estos ingresos provendrán, a juicio de GSMA, de manera esencial del segmento de aplicaciones, plataformas y el desarrollo de servicios, que concentrarán el 68% del crecimiento que se produzca. Justamente, en relación al sector terciario, sostiene que los servicios profesionales también tendrán un papel destacado al aglutinar el 27% de dicho crecimiento, casi un tercio del esperado. 

Es evidente que la prestación de servicios profesionales avanza progresivamente en conjunción con elementos tecnológicos que facilitan y otorgan mayor precisión al ejercicio de los profesionales en todos los ámbitos y, especialmente, en los más técnicos. Sin embargo, se trata de un avance que siempre ha de ir acompañado de una filosofía de base como es ofrecer el mejor servicio al cliente y paciente bajo el esquema de responsabilidad, independencia de criterio y control deontológico, sustratos del acto profesional. 

  • Imbuir de ética a la inteligencia artificial 

No se trata un tema baladí. La Comisión Europea (CE) trataba recientemente el tema de Inteligencia artificial: abordar los desafíos éticos y sociales en su novena reunión anual enmarcada en los encuentros que celebra desde el 2009 con representantes de organizaciones filosóficas y no confesionales bajo el artículo 17 del Tratado de Lisboa. En la reunión se discutieron asuntos acerca de las posibles repercusiones de la inteligencia artificial (IA) en materia de derechos, como la privacidad, dignidad o protección de los consumidores. 

En esta línea, Frans Timmermans, vicepresidente primero de la CE, argumentó que «el mundo digital avanza más deprisa que el debate ético sobre lo que puede y debe permitirse online. No podemos permitir que ocurra lo mismo con la inteligencia artificial y la automatización . Debemos mantener el control de esta transformación y asegurarnos que sirva para promover nuestros valores y defender nuestro modelo social». 

Como se deduce, el desarrollo tecnológico que estará protagonizado cada vez más por la inteligencia artifical (IA) en conjunción con el internet de las cosas (IoT), ha de ir aparejado inexorablemente por una ética en su funcionamiento que respete la articulación de los derechos fundamentales para que no queden obviados o sojuzgados a criterios exclusivamente económicos o técnicos. 

En consecuencia, los profesionales y sus organizaciones colegiales pueden jugar un papel aún más relevante en ese espacio genuino de debate para la incorporación de elementos éticos, cristalizados en su deontología, en el diseño tecnológico y virtual que cada vez será más automatizado; pero no por ello, ha de dejar de ser menos humano, opaco e inseguro para nuestros derechos como ciudadanos.