Big data: rapidez y eficiencia en la detección de necesidades sociales

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«La sostenibilidad social debe ser parte integrante del programa económico de un país, no solo una acotación». Kermal Dervis. Ex dirigiente de la ONU 

¿Cuál es la prioridad en el diseño de la política fiscal de los países europeos en los últimos años? Control del déficit, renegociaciones en el pago de las deudas públicas (cuando no, rescates), ajustes notables del gasto, etc. Todo, en aras de favorecer una supuesta estabilidad económica. Sin embargo, este proceder parece aventurar una elevada factura política y una fractura social, de hecho, en Europa; «mayor desigualdad, pobreza y frustración», como señaló recientemente en un artículo, Kemal Dervis, ex administrador del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD). 

En las últimas décadas, la configuración europea de los sistemas impositivos ha seguido, con diferente grado y forma, los cinco grandes principios enunciados por el hacendista alemán F. Neumark en 1970 :

1. Suficiencia recaudatoria para administrar políticas de gasto
2. Distribución de la carga de un modo justo 
3. No alterar las decisiones de los agentes 
4. Adaptación al ciclo económico 
5. Sencillez en su gestión. 

¿En qué medida se han distorsionado estos principios de las políticas fiscales? 

• Colegios profesionales, Big data y política social 

Es evidente que la introducción de los sistemas informáticos para medir la incidencia de los sistemas impositivos sobre los agentes económicos ha permitido a los gobiernos determinar con mayor precisión el impacto, principalmente, en términos cuantitativos de las diversas figuras tributarias y así, mejorar la aplicación de los principios de Neumark. No obstante, el fenómeno conocido como Big data «para analizar grandes cantidades de datos, debería mejorar la eficiencia de los programas sociales y promover al mismo tiempo la participación de los ciudadanos interesados», como indica, Dervis. 

Es decir, un sistema positivo más enriquecido de información desde el prisma social cuya articulación permitiría advertir a los dirigentes políticos necesidades ciudadanas, antes incluso de que los mismos afectados sean conscientes de su magnitud. Por ejemplo, problemáticas asociadas al desempleo tales como riesgo de exclusión, economía sumergida, personas con discapacidad que precisen infraestructuras públicas, dotación de equipamientos sanitarios y/o educativos, etc. 

En esta línea de trabajo, los colegios profesionales, en tanto en cuanto, actores relevantes de la sociedad civil potenciarían aún más su papel receptor de los problemas de la ciudadanía al actuar como nodos esenciales de una nueva economía que debería estar mucho más centrada en las personas.