El pasado día 21 de noviembre fue presentada por el INE la Estadística sobre actividades en I+D en el año 2011. Los resultados agregados no invitan al optimismo, sino todo lo contrario. La inversión destinada a I+D en España en el año 2011 respecto a la realizada en el año 2010 descendió un 2,8%, es decir, traducido en términos monetarios, un retroceso de más 400 millones de euros; además, según previsiones, se espera que el presente año muestre una nueva bajada. En la esfera macroeconómica, el montante de I+D supone un escaso 1,33% del PIB del 2011, un porcentaje muy inferior a los que realizan Finlandia, con casi un 4%; Suecia, cerca del 3,5%; o Alemania, con más del 3%. Si además, contemplamos que la media de la UE de los 27 se encuentra en el 2,03%, podemos poner en perspectiva un eslabón más de por qué nuestra situación no nos permite hacer despegar la maltrecha economía.
No obstante, si indagamos en el desglose de datos aportados en este estudio estadístico, advertimos de la buena salud, en general, de la inversión en I+D que muestran los profesionales. Según las cifras recogidas y clasificadas a través de la CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas), en concreto, la referente a actividades profesionales, científicas y técnicas (CNAE, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) los resultados son satisfactorios.
Como datos destacables, la inversión en I+D que realizan estas profesiones en conjunto está en el 28,26% del total del sector empresarial, y en un 14,73% de toda la inversión que se realiza en I+D en España al tener en cuenta las Administraciones Públicas, la enseñanza superior y las instituciones sin ánimo de lucro. Señales, por tanto, determinantes del papel esencial al que contribuyen las profesiones en el crecimiento y desarrollo económico del país. En este sentido, el objetivo central es fomentar aún más este incentivo por la mejora constante de la calidad en la prestación de los servicios profesionales tan sensibles para el ciudadano en una regulación equilibrada.
Sin embargo, ante esta situación generalizada de caída de inversión en I+D conviene recordar a dos economistas clave para ayudar a comprender de manera más efectiva que significa la investigación, la innovación y, en definitiva, el factor tecnológico para un país. Robert M. Solow, Nobel de Economía en 1987, fue el primer economista en introducir el estudio acerca del crecimiento económico de los países en su obra 'A Contribution to the Theory of Economic Growth' en 1956. Así, en su modelo de análisis, el componente más importante para explicar el impulso del crecimiento económico era la variable tecnológica. De hecho, concluyó que el crecimiento que mostraba EEUU estaba explicado en un 80% por el progreso técnico.
Más recientemente, Paul M. Romer, economista referente en la actualidad sobre la Nueva Teoría del Crecimiento afirmó en 1992 que la producción de conocimientos y de tecnología tiene características de bienes públicos, ya que son no rivales y no excluyentes. No rivales, porque el uso de un individuo no limita el que pueda hacer otro y no excluyentes ya que no se puede privar a nadie de él. Además, Romer vinculó y añadió a esta nueva definición de crecimiento la importancia del concepto de los intangibles. Es decir, todo el capital humano aplicado y las nuevas fórmulas y métodos donde se asienta la generación de desarrollo que, son argumentos enmarcados en la concepción de los profesionales que debemos preservar.
Y, precisamente en esta línea, la OCDE en su informe de año 2001 titulado 'Social Sciences and Innovation' señala que las políticas de investigación y desarrollo deben estar orientadas al interés y protección social.
La inversión en I+D es costosa, requiere medios y recursos y sobre todo tiempo, una variable esta última, considerada de lujo en una economía que demanda resultados inmediatos ante el deterioro de la situación. Pero, si dejamos de lado la visión cortoplacista que puede desvirtuarnos o confundirnos, apostar por la investigación y el desarrollo es, probablemente, una de las vías más potentes para salir fortalecidos de la crisis en la que nos encontramos no sólo desde el punto de vista económico sino también social.
No obstante, si indagamos en el desglose de datos aportados en este estudio estadístico, advertimos de la buena salud, en general, de la inversión en I+D que muestran los profesionales. Según las cifras recogidas y clasificadas a través de la CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas), en concreto, la referente a actividades profesionales, científicas y técnicas (CNAE, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) los resultados son satisfactorios.
Como datos destacables, la inversión en I+D que realizan estas profesiones en conjunto está en el 28,26% del total del sector empresarial, y en un 14,73% de toda la inversión que se realiza en I+D en España al tener en cuenta las Administraciones Públicas, la enseñanza superior y las instituciones sin ánimo de lucro. Señales, por tanto, determinantes del papel esencial al que contribuyen las profesiones en el crecimiento y desarrollo económico del país. En este sentido, el objetivo central es fomentar aún más este incentivo por la mejora constante de la calidad en la prestación de los servicios profesionales tan sensibles para el ciudadano en una regulación equilibrada.
Sin embargo, ante esta situación generalizada de caída de inversión en I+D conviene recordar a dos economistas clave para ayudar a comprender de manera más efectiva que significa la investigación, la innovación y, en definitiva, el factor tecnológico para un país. Robert M. Solow, Nobel de Economía en 1987, fue el primer economista en introducir el estudio acerca del crecimiento económico de los países en su obra 'A Contribution to the Theory of Economic Growth' en 1956. Así, en su modelo de análisis, el componente más importante para explicar el impulso del crecimiento económico era la variable tecnológica. De hecho, concluyó que el crecimiento que mostraba EEUU estaba explicado en un 80% por el progreso técnico.
Más recientemente, Paul M. Romer, economista referente en la actualidad sobre la Nueva Teoría del Crecimiento afirmó en 1992 que la producción de conocimientos y de tecnología tiene características de bienes públicos, ya que son no rivales y no excluyentes. No rivales, porque el uso de un individuo no limita el que pueda hacer otro y no excluyentes ya que no se puede privar a nadie de él. Además, Romer vinculó y añadió a esta nueva definición de crecimiento la importancia del concepto de los intangibles. Es decir, todo el capital humano aplicado y las nuevas fórmulas y métodos donde se asienta la generación de desarrollo que, son argumentos enmarcados en la concepción de los profesionales que debemos preservar.
Y, precisamente en esta línea, la OCDE en su informe de año 2001 titulado 'Social Sciences and Innovation' señala que las políticas de investigación y desarrollo deben estar orientadas al interés y protección social.
La inversión en I+D es costosa, requiere medios y recursos y sobre todo tiempo, una variable esta última, considerada de lujo en una economía que demanda resultados inmediatos ante el deterioro de la situación. Pero, si dejamos de lado la visión cortoplacista que puede desvirtuarnos o confundirnos, apostar por la investigación y el desarrollo es, probablemente, una de las vías más potentes para salir fortalecidos de la crisis en la que nos encontramos no sólo desde el punto de vista económico sino también social.
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