Bajas temerarias: pobreza para los profesionales e inseguridad para los ciudadanos

Existe un fenómeno creciente basado en el criterio con el que las administraciones gestionan las adjudicaciones públicas. Nos referimos a las bajas temerarias, asunto agudizado por la crisis que empieza a cobrar especial relevancia y cuya explicación radica en el siguiente proceso: «las administraciones públicas cada vez convocan menos concursos debido a la falta de dinero para inversión; a los pocos que hay, se presentan cada vez más empresas; y las compañías ajustan los precios todo lo que pueden»1.

Por un lado, los entes públicos defienden este método de contratación, pero por otro, los profesionales comienzan cada vez más a denunciar que estas bajadas temerarias en los precios para obtener las adjudicaciones pueden atentar seriamente contra la calidad y la seguridad de los ciudadanos. Precisamente, el 15 de octubre, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Cantabria (CICCP) organizaba una jornada al respecto, titulada Consecuencias de las actuales bajas en la contratación pública: ¿ventaja competitiva o temeridad?. 

• Problemática social y económica debido a las bajas temerarias 

El mecanismo es sencillo. Por ejemplo, cuando una administración saca a concurso un proyecto público con un precio de licitación tasado en 200.000 euros, las empresas que se presentan compiten hasta que una de ellas ofrece el precio más bajo y se hace con la adjudicación. ¿Cuál es la cuantía de estas bajadas?, «la media supera el 35%» según Enrique Conde Tolosa, decano del CCIP. Además, señaló a modo de conclusión de la jornada que «las bajas actuales no son el camino adecuado para ahorrar, sino que son destructivas para el tejido empresarial y para los trabajadores, que hay que hacer algo y nuestros responsables políticos deben reflexionar y buscar una solución de manera conjunta con los profesionales»2. Sin embargo, uno de los argumentos más repetidos desde los entes públicos es que adjudicar con una mayor ponderación el precio más bajo, libera de recursos monetarios para invertir en otras áreas, algo que finalmente apenas sucede. En cualquier caso, esta política sesgada, implica una serie de riesgos que los profesionales comienzan a rechazar por dos motivos fundamentales: conlleva menor seguridad para los ciudadanos y degrada las condiciones laborales y de ejercicio.

Si pensamos en la ejecución de una serie de infraestructuras públicas caracterizada por una reducción de costes por debajo del nivel de mercado que no cumplan o apenas rayen las mínimas condiciones de calidad nos enfrentamos a una serie consecuencias:

• Un probable mayor coste de ejecución que sobrepase el precio de adjudicación. (En ocasiones el precio adjudicado no cubre los mínimos pactados de realización en la práctica.)

• Mayor mantenimiento a lo largo del tiempo de esas infraestructuras con implicaciones sobre la seguridad.

• Riesgo de menor independencia de criterio de los profesionales en la realización si están sujetos por régimen asalariado. 

Por otro lado, no debemos olvidar que la falta de oportunidades laborales puede generar incentivos para prestar servicios profesionales por debajo del precio de mercado en situaciones de necesidad. En este sentido, desde la sociedad civil debería emanar el criterio de equilibrio que contemplara no solo el precio sino también los elementos cualitativos y de seguridad que entrañan. La labor de las organizaciones colegiales en este campo es primordial y debería estar más presente.

• Conexión con pobreza

Esta situación conlleva asimismo una asociación a pobreza. Un tema que fue tratado recientemente, por Ana I. Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social en la conferencia celebrada en la Comisión Europea, El Objetivo Europeo 2020 sobre pobreza, donde abogó por la necesidad de una coordinación entre política social y política fiscal (recogido en la revista Profesiones 151).

Igualmente, el propio Consejo Económico y Social (CES) junto con los CES del sur de europa, coordinará el Informe conjunto sobre la lucha contra la pobreza y la exclusión social en la región euromediterránea que responde al llamamiento de tomar medidas concretas para reducir la pobreza con especial incidencia en la educación y la mejora al acceso a infraestructuras y servicios básicos. Por tanto, continuar con este tipo de políticas —bajas temerarias, menor inversión pública, etc.— en la administración pública contribuirá a seguir en este bucle de precarización en la situación de los profesionales y pauperización en los servicios e infraestructuras públicas. 

Mientras, los efectos ya se dejan notar de acuerdo al decano del CICCP, Enrique Conde: «las empresas pierden competencia profesional, capacidad económica y calidad técnica, además del retroceso en las condiciones laborales de los trabajadores».

Notas al pie: 

1. El Diario Montañes, pág 6; 16/10/2014

2. El Diario Montañes, pág 26; 21/10/2014 

Imagen. Larepublica.co