De estudios de mercado e indicadores de actividad del INE

En medio del atropello de informaciones sobre la incertidumbre de Europa, cuya debilidad de actuación y visión social se mide ahora por el tamaño de Chipre que no llega al millón de habitantes, siguen saliendo noticias e informes importantes en lo que atañe al sector de servicios profesionales. Sin ir más lejos, el INE publica hoy los Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS) que recoge la evolución desde enero de 2012 a enero 2013. Los servicios profesionales, clasificados según la CNAE en ‘Actividades profesionales, científicas y técnicas’, continúan su camino descendente y, todavía, sin vislumbrar el fondo de la caída. Así, la cifra de negocio se redujo en un 10,5% y el empleo disminuyó en un 2,9%.

Si profundizamos en el informe, los ‘servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos’ junto con ‘publicidad y estudios de mercado’ son los que más retroceden con reducciones de 10,8% y 14,6% en cifra de negocio y con bajadas en la ocupación del 4,8% y 5,3% respectivamente. Cifras, sobra decirlo, preocupantes. 

Por otro lado, traigo a colación, un estudio sobre la evolución del mercado de servicios jurídicos en EEUU en 2012 y sus perspectivas en 2013, elaborado por el Centro de estudios de la profesión legal de la Universidad de Georgetown y Thomson Reuters. En el análisis, más allá de perseverar en las dificultades de la recuperación del sector y que está sufriendo una gran transformación, creo necesario destacar una serie de datos que expone: 

1) Sólo el 65,4% de los abogados de EE.UU. que trabajan en las empresas de servicios jurídicos, necesitaron estar colegiados en la American Bar Association para ejercer. 

2) El porcentaje del requerimiento de colegiación para ejercer bajó hasta el 56,7% en los abogados que tenían contratos temporales. 

Hasta aquí, datos que caracterizan de forma concluyente el mercado jurídico en EEUU, y que quizá no sorprendan demasiado si se conoce la idiosincrasia de la colegiación al otro lado del Atlántico. Pero lo que realmente merece una especial atención es el tratamiento de la productividad: La medición de la productividad que utiliza el informe se construye en el ejemplo como la relación (cociente) del total de horas facturadas por una empresa entre el número de abogados que conforman dicha empresa. ¿Qué problema conlleva esta medición? Dificulta calibrar una prestación de calidad del servicio profesional.

Bajo esta formulación, y simplificando, la productividad crecería y sería vendida como positiva si: 

1) El número total de horas facturadas aumenta manteniendo constante el número de abogados.

2) Manteniendo constante el número de horas facturadas se reduce el número de abogados.

Ambas fórmulas conllevan incentivos a la reducción de la calidad en los servicios profesionales. Que el número de horas facturadas pueda aumentar, puede resultar factible si existen abogados o empresas que basan su ejercicio en la sobreactuación. Sin la vigilancia del colegio profesional, ¿cómo distinguirá un cliente que está obteniendo un servicio profesional que no se extiende en su aplicación o tiempo?. Y, por otro lado, la reducción en las plantillas de abogados en las empresas puede conducir a un efecto indeseado en el aumento de la productividad. El hecho de que menos abogados asuman más y más casos, ¿es deseable para los clientes?. La existencia de un órgano regulador independiente, como son los colegios profesionales, se antoja otra vez necesaria tanto para la vigilancia de estas situaciones como para su asesoramiento.