miércoles, 7 de octubre de 2015

TPP aprobado y dudas sobre el TTIP: arbitraje y protección de datos

Las negociaciones en materia de comercio internacional presiden gran parte del discurso político-económico en la última década, si bien, particularmente, están en la esfera pública a regañadientes por las altas instancias en el último par de años. 

Este lunes asistíamos al pacto alcanzado de una de las negociaciones que estaban sobre la mesa, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en ingles) cuyo propósito es enlazar comercialmente —aunque no solo— a 12 países encabezados por EE.UU y Japón, junto con Canadá, Australia, México, Malasia, Singapur, Chile, Perú, N. Zelanda, Vietnam y Brunéi.

Evidentemente, llama la atención la ausencia de China; respuesta a su influencia política y económica en la zona que pretende no dejar crecer a los EE.UU. Dentro de los contenidos incluidos se encuentran: el intercambio de bienes y servicios, barreras técnicas de entrada, comercio electrónico, medidas fitosanitarias y sanitarias o la reducción de la vigencia de las patentes en la explotación de medicamentos de última generación que centró el debate la última semana. No obstante, el acuerdo aún no ha sido ratificado por cada uno de los parlamentos nacionales y, por ejemplo, hay una fuerte oposición de determinados sectores del Partido Demócrata y también del Partido Republicano con los que Obama tendrá que lidiar. 

  • Dificultades en el TTIP: ISDS y protección de datos. 
Por su parte, en clave europea se prosigue con la agenda de rondas negociadoras de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) cuya próxima estación, la onceava, será en Miami del 19 al 23 de octubre. Sin embargo, el ritmo no es el esperado por sus jefes negociadores, Mullaney por EE.UU y García-Bercero por la UE, ni por la comisaria de Comercio europea, Cecilia Malmström, que, a mediados de septiembre, presentó una nueva propuesta no formal acerca del denominado mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en ingles). De acuerdo al boceto, esta Corte Internacional estaría formada por dos salas, una de primera instancia y otra de apelaciones. Su composición guardaría la proporción entre europeos, americanos y de terceros países, y los jueces deberían cumplir los requisitos para ser magistrados junto con una formación acreditada en Derecho Internacional. En sus decisiones, si bien no podrían forzar cambios regulatorios de un Estado en caso de fallar en su contra, si obligarían a indemnizar a la empresa afectada. 

Otro de los temas que generan conflicto tiene que ver con la protección de datos. Así, el martes el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) invalidó la determinación de la Comisión Europea que permitiría la transferencia de datos personales de los europeos a empresas de EE.UU. debido a que considera insuficiente la garantía de seguridad que ofrecen. Una decisión que ahora quedará, al menos, en las agencias nacionales de protección de datos de los Estados miembros. 

Sin duda, factores que están paralizando la agilidad de las conversaciones políticas y que abren cada vez más una brecha entre las instituciones y la sociedad civil. Prueba de ello, las Euromarchas que se celebrarán del 15 al 17 de octubre hacia Bruselas para protestar, entre otras cuestiones, contra el TTIP. Más de 3 millones de firmas en la UE que piden el fin de estas negociaciones, suponen toda una declaración de intenciones que no se puede obviar.

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