«Luchar contra la obsolescencia programada es conseguir que el producto sea de mayor calidad» Jean-Pierre Haber, delegado del Comité Económico y Social Europeo.
Cada vez somos más conscientes como consumidores. Asistimos a una paradoja circular del consumo donde los productos que adquirimos vienen revestidos o repletos de innovación y diseño y, sin embargo, presentan periodos de vida menores si lo comparamos con los de hace tan solo una década. Hablamos de la obsolescencia programada, un vicio del modelo consumista que ha sabido camuflarse en nuestros hábitos de manera general: supuesto mayor avance tecnológico, seguir la moda ‘impuesta’ y ponderar la posesión de bienes por encima del uso que verdaderamente les damos. Este asunto de profundidad que, fue tratado por el Comité Económico y Social Europeo (CESE) el 25 de junio en la sede de la Comisión Europea en Madrid, abre una oportunidad para establecer los cauces legislativos y culturales para construir un modelo más sostenible y ético. Thierry Libaert, miembro del CESE afirmó que esta cuestión, «nunca ha sido tratada hasta ahora, en las instituciones europeas y, en este sentido, en octubre se abordará la creación de un Observatorio europeo de la obsolescencia programada».
¿De qué forma las profesiones son un valor frente a la obsolescencia programada?
«En cuanto al lugar que reservamos a la ética en nuestras sociedades, nos resulta difícil aceptar que se encomiende a determinados ingenieros la tarea de poner a punto productos caracterizados por un envejecimiento acelerado o que publicistas lancen campañas para incitar a los consumidores a comprar productos aun sabiendo que no aumentarían su nivel de satisfacción». Esta cita, que corresponde al Dictamen del CESE publicado el 17 de octubre del 2013 denominado Duración de la vida de los productos e información al consumidor, nos da una buena muestra y respuesta del engranaje esencial que suponen los profesionales tanto en la prestación de servicios como en la intervención en el diseño de los bienes que consumimos.
Los impactos negativos del consumo desmedido e inducido son evidentes: impacto medioambiental, afección especial a los segmentos de la sociedad con menor poder adquisitivo que no puedan seguir el ritmo de consumo impuesto y, en definitiva, una distorsión en los valores sociales responsables. Por ello, una ética comprometida, y un control deontológico bien articulado por las organizaciones colegiales de la mano de la independencia de criterio que ha de tener cada profesional en su ejercicio han de ser herramientas protagonistas en conducirnos a un modelo de desarrollo más sostenible para los ciudadanos, donde la calidad, como bien recuerda Jean-Pierre Haber del CESE, sea un elemento crucial.
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