«Para rematar, consideran necesaria la privatización de numerosas empresas públicas y el desmantelamiento de numerosas reglamentaciones que regulan mercados para que sean más flexibles»
Con este discurso certero y afinado, Juan Laborda, economista y profesor, recoge una reflexión oportuna sobre el rumbo errático que ha tomado la ciencia económica para abordar la crisis. No obstante, como afirma, «no todos los economistas somos iguales» ya que, desde los años noventa, vivimos en función del denominado ‘Consenso de Washington’, políticas económicas de corte neoliberal adoptadas por los organismos financieros internacionales como recetas destinadas a generar crecimiento, entre las que se encuentra la desregulación de mercados, entre otras.
Pues bien, en economía no hay verdades categóricas, pero sí hay evidencias en numerosas áreas lo suficientemente significativas que proveen argumentos y tesis para atajar diversas problemáticas socioeconómicas. Un claro ejemplo de herramienta utilizada por los economistas es el Coeficiente de Gini (CG), que mide el grado de distribución de la renta en una economía, siendo "0" el reparto uniforme de los ingresos y "1" la concentración máxima de las rentas. En España, este índice ha crecido notablemente desde el 2008, llegando al valor actual de 0,35, lo que nos sitúa como el segundo país de la Unión Europea con la mayor desigualdad social en la percepción de renta, sólo por detrás de Letonia. Estos datos contrastan de manera clara con la media de la Unión Europea de los 27 (UE27) que en este mismo periodo bajó incluso ligeramente hasta 0,306. De forma patente, aquellos países que han mostrado mayor estabilidad económica y crecimientos más sólidos son Finlandia con un CG de 0,259 o Noruega, con un CG de 0,226. Países que, como afirma Juan Laborda, se han caracterizado por una mayor participación de los sindicatos en la gestión empresarial, altos salarios y protección del empleo.
Así, un escenario actual, donde los objetivos de salida de la crisis enunciados por las instituciones pasan por la creación de empleo y la ganancia de competitividad, es necesario preguntarse qué políticas son más adecuadas y deseables para conseguirlo. Laborda sostiene que «con el fin de eliminar la inflación, preservar el tipo de cambio, incrementar la tasa de crecimiento de la productividad y crear puestos de trabajo estables se propugnan políticas económicas basadas en la austeridad, liberalizaciones y privatizaciones. Si bien los fines y objetivos pueden ser idóneos, no así los medios».
En el subsector de las profesiones colegiadas, inmerso en un proceso de liberalización, el objetivo de éstas es buscar la regulación más óptima en aras de la ganancia de eficiencia y optimización en su funcionamiento, tanto en las organizaciones colegiales como en los profesionales, pero sin trastocar el núcleo: la prestación de un servicio profesional con la necesaria calidad y la confianza y seguridad que generan las organizaciones colegiales en su atención a los ciudadanos y colegiados.
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