«La crisis económico-financiera, de empleo y fiscal, lleva a su vez a otras crisis en la vida personal familiar o social de las personas»
Así refería, José María Peiró Silla, catedrático de Psicología Social, la crisis de cambio que atravesamos. Esta reflexión, recogida en una entrevista a raíz de la conferencia ‘Transformarse en la crisis’ que organizó el Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja, encaja con las conclusiones de numerosos informes que vienen realizándose acerca del verdadero impacto de la crisis en la salud de los ciudadanos.
Sin ir más lejos, si nos fijamos en la atención primaria, en un estudio de la Universidad de las Islas Baleares, se constató que entre los años 2006 y 2011 la proporción de pacientes con trastornos mentales asociados al desempleo o el pago de la hipoteca creció de manera preocupante. Como ejemplo, los pacientes con depresión se incrementaron 19,4%, con problemas de ansiedad un 8,4% e incluso aquellos con desórdenes asociados al abuso del alcohol, un 4,6%. Datos que reafirman, como apunta José Saturnino Martínez, profesor de Sociología, que «España figura entre los países de la OCDE donde los pobres se han empobrecido más y los ricos han notado menos la crisis».
Este escenario de precariedad de las condiciones sociales, que sigue extendiéndose, convive en los últimos meses, paradójicamente, con un discurso a nivel nacional e internacional de mejora de las perspectivas macroeconómicas en términos de empleo y crecimiento que, en todo caso, no dejan de ser demasiado incipientes y poco concluyentes. Prueba de ello, son los últimos datos de enero del 2014 sobre afiliaciones y desempleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que arrojaron, aún, una destrucción de 184.031 empleos y un aumento de 113.097 parados. En definitiva, hablamos de personas que se enfrentan a situaciones socioeconómicas más inestables y, en muchos casos, de extrema gravedad, que precisan de la atención clara y diligente en diversas áreas como la sanitaria, la económica, jurídica o social.
De esta forma, las profesiones, organizadas a través colegios profesionales, son conscientes de la responsabilidad y compromiso que mantienen con la sociedad, en tanto en cuanto abordan situaciones y necesidades de los grupos más vulnerables.
En este sentido, ante las circunstancias sobrevenidas de la crisis económica como los desahucios —solo en 2012 hubo 30.000—; personas en riesgo de exclusión social, entre los cuales, los parados de larga duración son cada vez más; o las dificultades por las que atraviesa la sanidad pública, los profesionales muestran con su ejercicio una implicación fruto de su vocación de servicio al ciudadano.
Iniciativas llevadas a cabo desde la Abogacía y Trabajo social de forma conjunta para establecer oficinas de intermediación en los asuntos de desahucios, por ejemplo, o la asesoría y apoyo que ofrecen las organizaciones colegiales a los profesionales y ciudadanos en materia de empleo, salud física o mental, son algunas de las iniciativas de corte socio-económico que estas organizaciones están poniendo en marcha para intentar paliar la preocupante situación de una sociedad en crisis.
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