Terminamos esta serie de artículos dedicados a analizar los diferentes impactos económicos que el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales (LSCP) podría traer a nuestra sociedad poniendo el ojo en la cuestión de género, a la que la memoria de análisis de impacto normativo también hace alusión. Según este documento, "cabe esperar que la Ley tenga un impacto positivo de género, fundamentalmente al facilitar un acceso equilibrado al mercado laboral de empleo cualificado".
La conclusión, desde la perspectiva de la contribución a los objetivos de las políticas de igualdad de oportunidades, es que la propuesta contribuye a mejorar la presencia de las mujeres en el mercado laboral y sus condiciones salariales y de trabajo. Su efecto principal en este sentido puede ser contribuir a la mejora de la presencia laboral de las mujeres en el conjunto de la economía, a través de la expansión de las oportunidades de empleo, especialmente en el segmento de empleo cualificado.
No obstante, en el texto no se especifica cuáles serán las estrategias, o de qué manera una mayor competencia, resultante de la apertura de mercado, puede ayudar a que las profesionales liberales tengan las mismas oportunidades laborales que sus pares varones.
¿Por qué hablar de mujeres y hombres cuando hablamos de la #LSCP?
Como apuntan los economistas Lina Gálvez Muñoz y Juan Torres López en Desiguales (Icaria, 2010) ha de tenerse en cuenta "la desigual posición en la que se encuentran las mujeres y los hombres a la hora de participar en la producción de los bienes y servicios y en la distribución de los ingresos y la riqueza, y del bienestar, poder y consideración que de ello se deriva". Aluden ambos economistas a una clave de análisis, que es tener en cuenta, además de la esfera del mercado, la relacionada con todo el trabajo necesario para "el sostenimiento de la vida humana, pase o no por el mercado, y los aspectos distributivos y retributivos no solo monetarios".
Es decir, existen unas condiciones estructurales de desigualdad a las que apenas se hace alusión. Una desigualdad que tiene que ver con la remuneración económica, pero también simbólica. Y con las cargas de trabajo dentro y fuera de casa, para ambos. Si no se analizan, si no se detectan, ¿cómo esperar impactos positivos de una normativa que no atiende a unos problemas específicos?. Porque, según el VII Informe del Perfil de la Mujer Trabajadora (2013), la media de diferencia salarial entre un hombre y una mujer en el mismo puesto y con el mismo trabajo es del 35%. Este estudio también habla de compatibilidad entre lo profesional y lo catalogado de "doméstico", donde las mujeres trabajan a tiempo parcial un 26,3% en contraste con el 1% de los hombres que llevan a cabo este modelo.
Cierto es que el sector servicios es el que más empleo ha creado, los datos son claros al respecto; pero también nos acercan otras realidades, como que las mujeres suponen el 46,1% de los ocupados en las actividades profesionales, científicas y técnicas, y han perdido un 7,4% de empleo desde el 2008, según el Informe de la situación de las mujeres en el mercado de trabajo (Secretaría de Estado de Empleo).
Políticas ad hoc
Las llamadas "políticas de igualdad" para los nuevos gobiernos corporativos, así como "la conciliación como un derecho social que debe dirigirse tanto a hombres como a mujeres" -pronunciado este lema en el último Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles- son dos ejemplos de acción en torno a un problema (pro)común. Sin embargo, pocos estudios aluden a la desigualdad como fuente de las mayores perturbaciones que sufre la economía, y por ende, la sociedad. Es decir, a la reforma estructural que no solo trae una normativa, sino un ambiente, una cultura de la equidad en todos los sentidos. Otra regulación y un nuevo orden institucional, necesarios tal y como ha dejado claro esta crisis. Nuevos valores, otros enfoques. "El reto del otro poder", que dirían los autores de Desiguales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario