Impactos de la #LSCP: (4) Mayor carga para el erario público

El impacto presupuestario de la normativa será positivo. Así lo afirma el Gobierno en la Memoria de análisis de impacto normativo del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales (ALSCP). En este sentido, sostiene que la eliminación de la colegiación en determinadas profesiones reduciría la carga de deducciones en el IRPF. Es decir, el Estado se ahorraría parte de la cuantía destinada a las deducciones por colegiación. Pero, ¿se han valorado todos los impactos?, ¿qué ocurriría con los ingresos y el gasto público?

Las Administraciones tendrían menos ingresos públicos… 

Si bien es cierto que el Estado se ahorraría esas deducciones al suprimir la colegiación en las profesiones -aquellas que no figuran en la Disposición Adicional Primera del ALSCP-, esa situación conllevaría una disminución mayor de los ingresos por un motivo esencial: la subida de las primas de seguro de responsabilidad civil (RC) de los profesionales.

¿Por qué se encarecería el seguro RC de los profesionales si estos no tienen colegiación?. Si para ejercer los profesionales requieren un seguro de responsabilidad civil, este experimentaría un incremento debido a dos factores esenciales:

- El suministro del seguro por el colegio profesional no ofrecería un precio más reducido, ya que no se aprovecharía la economía de escala. 

- Se produciría una percepción negativa en las compañías de seguro sobre aquellos profesionales que no estén sujetos a un control deontológico. 

Por ello, ¿qué sucedería con los ingresos públicos? Como sabemos, la estimación del número de profesionales que no tendrían que colegiarse ascendería a más 600.000. Si el 80% actual de estos aplicara una desgravación de la prima de seguro anual en torno a los 500€, según cálculos reflejados en las Alegaciones de impacto económico y social, los ingresos del Estado se reducirían en más 80 millones de euros. Una cifra sensiblemente superior a los 41 millones de euros que supone hoy la deducción de cuotas colegiales de estos mismos 600.000 profesionales. 

…y además, el gasto público aumentaría. 

Debido a tres apartados esenciales: 

1. El coste que las Administraciones tendrían que asumir para realizar una serie de funciones de control y registro de los profesionales sin incluir la función deontológica. Función que solo puede ser realizada genuinamente por las corporaciones colegiales. Así, mediante estimaciones que cuantificarían unos objetivos mínimos de control para el Estado sobre estos 600.000 profesionales no sujetos a colegiación, se llegaría a una cifra de 66 millones de euros al año. 
2. Un acentuado aumento de la litigiosidad. El hecho de ejercer sin sujeción a normas colegiales, provocaría crecientes costes de judicialización para la Administración de Justicia. La colegiación comporta que no se produzcan conflictos por su labor preventiva de los mismos y si llegan a ocurrir hay mecanismos colegiales para la más óptima y eficiente resolución de los mismos en sede colegial.
    
3. Costes sociales. Como vimos en anteriores impactos, una de las consecuencias de la aplicación del ALSCP sería una degradación del empleo a medio y largo plazo tanto directos como indirectos, que se traduciría en desempleo. Por tanto, también sería de un esperar un incremento del gasto social en prestaciones y derivados.

La actual regulación de los colegios profesionales ahorra dinero al Estado, cambiar este marco normativo, implicaría un mayor precio e inseguridad para todos los ciudadanos.Un coste de oportunidad demasiado alto.