Impactos de la #LSCP: (2) Precarización del empleo y perjuicio para el ciudadano

Dentro de la serie de análisis sobre los impactos que podría causar el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, vamos a centrarnos, en esta ocasión, en un problema clave en estos tiempos de crisis: el empleo. Una variable macroeconómica, de especial sensibilidad, que puede ser trastocada si su marco regulatorio se modifica de manera errónea.

Para vertebrar este segundo impacto partiremos del potencial evolutivo al que la memoria de análisis de impacto normativo de dicho Anteproyecto hace mención. Así, se afirma que 'el empleo equivalente a tiempo completo cae en el largo plazo, pese a que el número de ocupados aumenta ligeramente. Ello se debe a que caen las horas trabajadas por individuo, pues al mejorar el salario real, los agentes aprovechan para trabajar menos'. Pero, si se produjera este resultado, ¿se asume que los profesionales dedicarían menos horas a los clientes o pacientes ya que su remuneración aumentaría? ¿Es sostenible ese comportamiento del empleo? Veamos. 

Los profesionales no pueden dedicar menos horas a los clientes o pacientes… 

Como ejemplo extrapolable a todas las profesiones podríamos utilizar el de un abogado que presta un servicio jurídico; éste será incapaz de efectuarlo con la rapidez que pudiera exigirle un cliente si, previamente y habiendo estudiado la evolución del caso, concluye que el resultado será deficiente si no se invierte el tiempo necesario en el caso que le compete. Ocurre de igual manera en el caso de un arquitecto o un ingeniero; estos profesionales no pueden prestar un servicio con la suficiente calidad y seguridad sino invierten el tiempo necesario en la revisión y composición de un edificio o una instalación. Es decir, cuando un profesional presta un servicio profesional aplica los medios y recursos que precisa y que requieren un tiempo determinado, según sea el tipo de servicio. Esto se debe a que el profesional en cuestión ejerce dentro del modelo de colegiación actual, en base a su independencia de criterio profesional y bajo un control deontológico de su ejercicio.

…pero el Anteproyecto señala la tendencia contraria 

Dice el Anteproyecto que, al asumir un menor precio de los servicios profesionales, para que la remuneración del profesional creciera, tendría que prestar más servicios pues la demanda de los ciudadanos habría aumentado. Pero, dado que se apunta que los profesionales trabajarían menos horas, se deduce de este dato que el tiempo dedicado a cada consumidor se reduciría, por lo que estaríamos ante un claro perjuicio a los ciudadanos. En consecuencia, si el número de casos atendidos por cada profesional aumentara, reduciéndose las horas implementadas en cada servicio, asistiríamos a un crecimiento de la productividad no deseable, tanto para los profesionales como para los ciudadanos. Es decir, como profesionales, estaríamos dedicándole menos tiempo a cada ciudadano/usuario/paciente para poder facturar más clientes, lo que rebajaría considerablemente la calidad del servicio. 

Efecto más probable de la ley: Fomento de subempleo y desempleo de los profesionales

La independencia de criterio profesional, junto con el control deontológico, no tendrían efectividad ni alcance si no estuvieran articulados por el instrumento de colegiación. A este hecho habría que añadir el comportamiento característico del mercado de servicios profesionales. Y es que, si admitimos a corto plazo una ínfima entrada de operadores en el mercado al eliminar la colegiación necesaria, el incremento de la cantidad demandada de servicios profesionales por los ciudadanos sería aún menor si perciben, como hemos visto, un menor control sobre la calidad.

Por tanto, la cuota de mercado o ‘pastel’, en media, sería menor para cada profesional. Proliferaría el subempleo; una situación donde el profesional tendría que trabajar más horas. Además, otra tendencia a medio plazo sería la salida del mercado de profesionales que intentarían proveer sus servicios con mayor calidad y, sin embargo, no serían detectados por los clientes y pacientes  al no estar presente la labor de los colegios profesionales, aquellos que aportan certidumbre sobre la calidad de los servicios profesionales.  

La calidad actual de las condiciones laborales en este subsector refleja una tasa de estabilidad de empleo del 81,4% según el INE, un valor por encima del sector servicios. Introducir una ley que establezca incertidumbre perjudicaría la consistencia del empleo de las actividades profesionales, especialmente si tenemos en cuenta el impacto de género donde las condiciones laborales aún no son totalmente igualitarias. El resultado final sería una degradación en la calidad de los servicios que obtendrían los ciudadanos. Una situación nada deseable.