Como es costumbre, en el repaso de cuestiones económicas tales como la medición y uso de la riqueza de un país, es posible hallar posturas antagónicas que merece la pena considerar para tener un mejor punto de referencia en la tarea de análisis. Recientemente podemos referirnos a dos perspectivas: una, más heterodoxa, que apuesta por un método diferente y más amplio en la medición de la riqueza de un país en el que se deberían ponderar los recursos públicos; y otra, más ortodoxa en su presentación, que aboga por la explotación de los activos públicos, ocultos para la medición económica, para que sean autosuficientes y generen sus propios ingresos. En ambas, se parte de que la riqueza pública no está visibilizada; su diferencia, en cómo interpretarla y aprovecharla.
Ampliar el concepto de riqueza en su medición
A través de una mirada heterodoxa de la economía, Laurie Macfarlane, miembro asociado del Instituto para la Innovación y el Propósito Público en el University College de Londres, presenta en un artículo su crítica a la medición de la riqueza nacional. A su parecer, actualmente «algo solo puede convertirse en un activo una vez que se ha convertido en propiedad». Una propiedad que suele estar asociada al poder en manos privadas y que se refleja en los principales indicadores económicos. En consecuencia, cuando pretende calibrarse la riqueza de un país, se encuentra «sesgada hacia la mercantilización y la privatización, y en contra de la socialización y la provisión universal». De algún modo, la riqueza pública queda invisibilizada. Como ejemplo, sostiene que las pensiones privadas se suman como un componente más de la riqueza según la OCDE, mientras que las pensiones públicas no son contabilizadas en este concepto de riqueza aún cuando estas pueden ser superiores a las privadas. Por ello, aboga por una visión crítica y no conformista con la ideología que pueda estar detrás de las métricas económicas y la evaluación de las políticas.
Una perspectiva a considerar siempre que no suponga introducir unos sesgos ideológicos que se contrapongan a otros, sino que la medición de la riqueza se obtenga gracias una mayor visión holística de lo que supone en una economía, una sociedad, y se realice con la mayor solidez estadística.
Rentabilizar los activos públicos
Por su parte, con un enfoque más ortodoxo de la corriente económica que emana del Consenso de Washington, Dax Detter, ex director del Ministerio de Industria de Suecia y autor del libro The Public Wealth of Cities (Brookings Institution, 2017), construye un argumento que pretende visibilizar y rentabilizar el potencial económico de los activos públicos de un país. De hecho, de acuerdo a un informe del 2018 del Fondo Monetario Internacional (FMI), los activos públicos suponen el 219% del PIB en el 61% de la economía mundial.
De tal manera, para el autor la gestión profesional e independiente de estos activos como aeropuertos, recursos financieros, metro, empresas públicas o edificios... «podría generar más ingresos anualmente que los impuestos corporativos —a empresas—». Su debate se sitúa en bifurcar la propiedad de los activos que posee una administración, de su gobernanza, para que sea privada y, conforme se infiere, más eficiente. El resultado de aplicar esta política de gestión redundaría en una mayor sostenibilidad y autosuficiencia de las finanzas públicas a su juicio. Una iniciativa que ya ha sido empleada en países como Singapur o Hong Kong.
La sugerente propuesta en un momento en el cuál el sostenimiento del conjunto de los activos y de prestaciones públicas genera una intensa controversia, también requiere un análisis previo. Especialmente, sobre dos cuestiones: la primera, en relación a cuando da a entender que la gestión pública de los activos de una administración tiene a ser errática y deficiente frente a la privada, más efectiva y maximizadora de ingresos. Una lectura que no puede asumirse como tal sin un estudio pormenorizado de contextos, casos y matices en cada tipo de activo y servicio público para obtener su mejor proceder. Y la segunda cuestión, vinculada a la primera, es que llevado este modelo al extremo, el diseño futuro de los activos públicos estaría más condicionado por las peticiones de los gestores privados que a la petición de la sociedad a quién se da servicio público y es la razón de ser de estos.
Más debates añadidos y papel de las profesiones
En cualquier caso, también se puede apuntar un debate tangencial más profundo sobre la mejor provisión de los servicios públicos. Desde el punto de vista del derecho administrativo y del derecho de la competencia supone una distorsión que, por ejemplo, existan empresas de titularidad pública con gestión privada que intervengan en el mercado, pues compiten con mayores recursos que los agentes privados y, de otro lado, las administraciones pierden el control sobre la gestión de los servicios públicos que pretenden ofrecer a la sociedad, lo que no siempre es deseable.
Dicho esto, en el camino de lograr una correcta y deseable gestión de los activos y servicios públicos, independientemente de que sea pública o privada, las profesiones colegiadas juegan un papel fundamental pues introducen su criterio técnico e independiente que ha de sobreponerse o, al menos, considerarse junto con las voluntades políticas y los datos meramente cuantitativos no evaluados o sesgados.
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