La vuelta de septiembre siempre es compleja. Más, si el periodo de canícula parece haber querido extenderse y acompañarnos por unos días. Ocurre que simultáneamente y, con visos de perdurar más, tampoco es más baja la temperatura en el panorama político, económico y social, sino todo lo contrario.
A la espera de formar gobierno después de casi un año, que podría costar siete décimas de menor crecimiento entre 2016 y 2017 según el BBVA, persiste el apremio a impulsar una serie de medidas. Para Bruselas o como apuntaba recientemente la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) realizar una reforma de los servicios profesionales se mantiene como una prioridad. Otro de los asuntos que Unión Profesional sigue con particular interés en la medida que pueda afectar a las profesiones es la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, en inglés). En un periodo clave para su posible aprobación, cada vez más son las voces, con Francia y Alemania a la cabeza que se resisten a continuar con las conversaciones.
Por todo ello y más, con el ánimo de seguir fortaleciendo la esencia colegial y cubrirse ante posibles eventualidades, Unión Profesional continúa su labor de desarrollo de estudios de carácter multidisciplinar. Concretamente, en esta ocasión nos centramos en los dos más recientes presentados:
Su finalidad consiste en trasladar la importancia que supondría para las organizaciones colegiales introducir de manera integrada en su funcionamiento la gerencia de riesgos inherentes al conjunto de su actividad. Propone un modelo basado en la filosofía de engranaje del compliance o cumplimiento normativo y la resiliencia cuya gestión estaría condicionada por la identificación previa del mapa de riesgos con sus posteriores cambios, correcciones y adaptaciones, marcados por los resultados de la implementación del modelo.
Particularmente, se presta especial atención a la responsabilidad penal atribuible a los colegios profesionales de acuerdo a la circular de la Fiscalía General del Estado de inicios de este año. A esto, se añade el análisis de otras normativas que podrían implicar multas, sanciones y expedientes sancionatorios si no se cumplen. Además, el informe va más allá y se detiene en otros riesgos de carácter estratégico y funcional conforme al origen y ámbito de donde emanen que también afectan a las corporaciones colegiales.
El objetivo de este estudio es proporcionar a las entidades colegiales un conjunto de herramientas que conforman un Cuadro de Mando Integral (CMI), cuya finalidad es visibilizar aún más la labor y el valor de las corporaciones colegiales además de mejorar su capacidad de análisis de la gestión interna. Asimismo, persigue responder a las demandas de información de la sociedad sobre el desempeño de estas instituciones.
Dicho CMI, se sustenta en cuatro pilares: calibración de la contribución funcional de los Consejos y Colegios de ámbito nacional en su red colegial; valoración de la producción de los bienes y servicios que generan; indicadores clave de desempeño (KPI) en materia de calidad, actividad, economía y gestión y, en recursos humanos; y la adaptación del fondo de comercio para los intangibles de la actividad colegial.
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