¿Es compatible el coste marginal cero en los servicios profesionales con la deontología?

Promociona en estos días su libro, Jeremy Rifkin, uno de los economistas más mediáticos. El título, ‘La sociedad de coste marginal cero’ nos sumerge en un devenir casi inevitable hacia un modelo de economía colaborativa que finalmente desplazará el paradigma del capitalismo vertical actual, según él, condenado. Los cimientos de su teoría se encuentran en el desarrollo tecnológico centrado en las incipientes impresoras 3D y en la capacidad de Internet de reducir nuestros costes a la mínima expresión para producir bienes y prestar servicios. Y es ‘nuestros’ porque el cambio de mentalidad a compartir (aún por hacer…), nos convertirá en prosumidores —productores y consumidores—, concepto que Remedios Zafra ya tocó en la revista Profesiones. Es en este punto del análisis de costes de Rifkin donde nos detendremos. ¿Hasta dónde es posible y deseable abaratar los costes de la prestación de un servicio profesional?

• Reducir el coste marginal del servicio profesional tiene límite en la especialización y el nivel de calidad…

Hablar de coste marginal es definir cuanto varía el coste total de una empresa cuando la producción de bienes y servicios aumenta en una unidad. Dicho de otro modo, en el caso de un servicio profesional, el coste marginal mide cuánto varía el coste total que asume el profesional, si presta un servicio más. Si analizamos la estructura de costes general que contrae un profesional, en primer lugar, hay que referir los costes fijos, aquellos que se diluyen a largo plazo a medida que aumenta el número de servicios prestados: en un despacho o local, aquellos suministros, amortizaciones, arrendamientos, equipos informáticos, material de oficina y material específico característico de cada profesión. Por ejemplo, el plotter de los arquitectos, el instrumental médico o el acceso a bases de legislación jurídica. Además, en segundo lugar, cada prestación de un servicio conlleva una serie de costes variables que dependerán de la casuística que presente cada cliente o paciente. Pensemos, por ejemplo, en el tiempo, medios y recursos que conlleva el estudio de un caso jurídico o sanitario. 

Bien es cierto, que un modelo de economía colaborativa con mayor alcance que el actual permitiría a los profesionales poder reducir una parte de sus costes a la hora de compartir despacho, acceso compartido a bases de datos, etc. No obstante, siempre habría un límite genuino en la posible reducción de costes de prestación, marcado por la responsabilidad del profesional y por el control deontológico realizado por las organizaciones colegiales, los cuales aseguran que los servicios se presten con la necesaria calidad y seguridad. 

• Expulsión del mercado de profesionales que ofrecen mayor calidad si el precio de mercado baja demasiado como para cubrir el coste de prestar un servicio óptimo 

En este sentido, la teoría económica establece como indicador claro de un mercado competitivo el hecho de que los agentes operen con un coste marginal igual al precio de mercado. Si en el mercado de servicios profesionales aparecen nuevos operadores debido a una excesiva liberalización cuyo resultado diera un precio de mercado más bajo por razón de la competencia (supervivencia, debido a posible intrusismo), ¿qué ocurriría si el precio de mercado de los servicios profesionales quedara por debajo del coste marginal para su prestación óptima?

Si el coste de prestar un servicio profesional con la calidad y especialización requerida fuera mayor que el precio resultado del mercado, la tendencia conduciría a que los únicos profesionales que permanecerían en el mercado serían aquellos que prestaran servicios con un nivel de calidad y seguridad inferior, lo cual acabaría por perjudicar a los clientes y pacientes y a los profesionales que intentaran ofrecer un nivel cualitativo mayor. Recordemos que el servicio profesional es un ‘credence good’. Es decir, el ciudadano no podría evaluar con precisión el nivel de calidad recibido.